La maniobra ilegal, registrada entre julio de 2022 y enero de 2026, benefició a 23 personas mediante la alteración de registros bancarios antes del envío de los lotes de pago al Banco de la Nación Argentina.
El Tribunal de la ciudad de Shenzhen también ordenó la confiscación de sus bienes personales y sancionó a la empresa y a varios ex ejecutivos. El caso profundiza el impacto de la mayor crisis inmobiliaria del país.
La investigación judicial aún se encuentra en una etapa inicial, por lo que para el juez Daniel Rafecas no corresponde adoptar una medida de suspensión del proceso licitatorio.
Los estafadores se hacen pasar por diferentes empresas públicas, principalmente la EPE, y ofrecen importantes descuentos tarifarios. Cuando las víctimas brindan sus datos personales y bancarios, les vacían las cuentas y solicitan préstamos a su nombre.
La Comisión investigadora llegó a conclusiones preocupantes ya que la modalidad utilizada para promocionar al criptomoneda se ajusta a patrones típicos de fraude financiero.
