El secretario general de la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI), Osvaldo Barreñada, uno de los sindicatos con representación en el PAMI, rechazó y desautorizó hoy «las opiniones de algunos medios de comunicación según los cuales el ajuste al que obligará las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) debe incluir a esa obra social».
A través de una carta dirigida a los trabajadores, el sindicalista explicó que según esos medios «el ajuste que impondrá el organismo financiero mundial deberá incluir a la principal obra social del país y de Latinoamérica», lo que rechazó y desautorizó de plano.
Barreñada rechazó también «las expresiones periodísticas según las cuales el PAMI es ineficiente y deficitario” y «la posibilidad de un ajuste para cumplir las exigencias del FMI».
El titular de la UTI destacó que quienes de esa forma opinan demuestran «una supina ignorancia”, toda vez que «confunden o parecen confundir» al organismo con un ente estatal, y aclaró que el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ISSJP) es «un organismo público no estatal a partir de su propia ley de creación».
«El mal llamado PAMI es sostenido por los aportes de los trabajadores en actividad y de los jubilados, es decir, el Estado no aporta dinero sino que, muy por el contrario, el Instituto siempre fue una caja muy apetecible para los gobiernos de turno», afirmó.
En la misiva, Barreñada calificó como “personeros de la muerte” a quienes de forma casi permanente atacan al PAMI y exigen su provincialización y hasta su disolución, y expresó que «esas medidas abandonarían a millones en el desamparo médico-asistencial, incluyendo a los ancianos y a los discapacitados y veteranos de Malvinas», indicó.
El dirigente rechazó la posibilidad de que en el PAMI se produzca «una reducción de personal, su provincialización o que los jubilados regresen a sus obras sociales de origen» y atribuyó esa propuesta a «la intervención de personajes que solo sirven a oscuros intereses, alejados del bien común y el bienestar general de la población en general».
El dirigente adelantó que la UTI ya inició acciones para contrarrestar «esa prédica de los años ’90» y aseveró que dialogará con las autoridades del instituto, funcionarios nacionales y legisladores y que iniciará una campaña de «esclarecimiento público».
