Por Alejandro Maidana
«Si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, trata de aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero»
Sectores políticos y empresariales vuelven a la carga contra una ley que resguarda una fuente de vida indispensable para el hombre y el medioambiente, el agua. En la actualidad la redacción original prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería. Pero en la nueva modificación, sólo se bloquea la utilización del mercurio.
Cabe destacar que también desaparecería la exigencia de aprobar por ley las declaraciones de impacto ambiental, pero se impulsan las auditorías internacionales y la creación de una «policía ambiental», sumado a que habría además un fondo especial para obras de infraestructura hídrica.
Queda clara la idea de flexibilizar la actividad minera metalífera en la región, el riesgo de saqueo de recursos y contaminación vuelva a sobrevolar los días de aquellos que no se resignan a hipotecar la vida por un puñado de dólares. Los controles son tan vulnerables como las promesas que vierten aquellos que de la espoliación han hecho un deleznable culto.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Si bien muchos son los sectores políticos (acá no hay grieta) que pretenden seguir impulsando esta actividad, resulta un verdadero oxímoron considerar que la minería metalífera pueda llegar a ser sustentable.
Espejitos de colores ayer, extractivismo hoy…
La minería a cielo abierto puede provocar cambios importantes en la morfología del terreno, ya se devasta la estructura del suelo y se reseca la zona circundante, lo que disminuye la producción agrícola y ganadera. Esta actividad también impacta intensamente sobre la flora existente, muchas veces modificándola o eliminándola.
Otras de las contundentes consecuencias de esta explotación minera, son la alteración paisajística por la devastación material del lugar a explotar y la contaminación sonora, ya que las operaciones generan mucho ruido (trituración y molienda, carga y transporte de los minerales, generación de energía, entre otras fuentes de ruido).
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Algo sumamente importante que se ve alterado, es el aire, éste se nutre de impurezas sólidas provenientes de polvos y combustibles tóxicos que quedan suspendidos, vapores y emanaciones de cianuro gaseoso, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Estas sustancias afectan las vías respiratorias de personas y animales generando daños a su salud.
La explotación minera puede contaminar las aguas superficiales y subterráneas si los residuos finos que se producen pasan a formar parte de los sedimentos de los ríos y arroyos de la zona. En especial, si se vierten aceite usado, reactivos químicos, sales minerales y sólidos residuales al suelo y a los cuerpos de agua.
Una carta de presentación para nada seductora, una amenaza concreta que sigue encontrando resistencia en vecinas y vecinos que entienden que la calidad de vida no puede depender bajo ninguna circunstancia, del poder de un billete sea del origen que sea.
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En Uspallata, como en distintos puntos neurálgicos de Mendoza, se han levantado miles de voces que vuelven a gritar su dignidad para intentar frenar un avance que puede resultar letal para la ley 7722. “Después de un importante acampe donde tuvimos ollas populares y números artísticos, pudimos entregarle al delegado municipal de Uspallata un petitorio con el posicionamiento de vecinas y vecinos de distintos barrios de este lugar”, le dijo a Conclusión el asambleísta Federico Soria.
Una ley que si bien viene imponiéndose, debe tolerar profundos embates de un sector que jamás ha dejado de presionar a los distintos sectores políticos. “Aquí tenemos a la minera San Jorge que en más de una oportunidad intentó comenzar a operar por fuera de la ley, la misma fue rechazada en audiencia pública en donde el 70% de la población se pronunció en su contra. También es preciso destacar que además fue rechazada de manera legislativa por 44 votos a 0, ya que el impacto ambiental transgredía lo estipulado por la ley 7722”.
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La importancia de que los proyectos megamineros se sigan debatiendo en la legislatura, es de suma importancia, si bien ésta es una de las cosas que quieren borrar de la ley actual. “Es preciso destacar que tanto la minera San Jorge como otras corporaciones fueron rechazadas también por la justicia, ya que presionaron para que la 7722 sea declarada inconstitucional, siendo su pedido denegado por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia”, enfatizó Soria.
La insistencia de una empresa que no claudica en su objetivo, “San Jorge es hoy una de las principales interesadas, ya que su apoderado legal, Raúl Rodríguez, es quién recorre los medios y la legislatura practicando un lobby furioso. Si bien la lucha lleva mucho tiempo, ahora ha recobrado notoriedad ya que estas empresas han ganado terreno en los medios de comunicación”.
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Mendoza nuevamente se ve sacudida por un nuevo avance del extractivismo, “hoy las distintas asambleas de la provincia se están manifestando con distintas acciones. Tanto en Capital, como en el Gran Mendoza, San Martín, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, entre otras localidades como la nuestra”.
La Cámara de Senadores sería la que trataría finalmente la modificación de la ley 7722, “si bien los dos proyectos que persiguen esta modificación son impulsados por el PJ que es oposición, en esto no hay grieta, ya que tanto el gobernador saliente Alfredo Cornejo, como el entrante, Rodolfo Suárez, están detrás de esta modificación que nos mantiene en alerta. Si bien consideramos que la rosca política puede obstruirles el camino, Rodolfo Suárez, quién asume la gobernación el 10 de diciembre, prometió en campaña bajar la ley 7722, es por ello que estamos muy alertas y en asamblea permanente”, concluyó Federico Soria.
