Por Alejandro Maidana
En Mendoza como en gran parte de la zona cordillerana, la resistencia a la explotación de los recursos naturales con profundo impacto en lo socioambiental, se sigue erigiendo como el gran obstáculo para viejas recetas emergentes de los 90 que no han transformado nada, salvo las cuentas bancarias de las empresas multinacionales y la de algunos funcionarios públicos.
Los territorios sacrificables y su espinosa realidad, hoy aquellas carabelas que siglos atrás comenzarían con el despojo, mutaron en opulentos proyectos que, con la excusa de las regalías, exprimen la tierra para llevarse las ganancias al extranjero dejando un puñado de dólares que viene teniendo a lo largo de la historia una única meta, el pago de la fraudulenta deuda externa contraída por privados.
La ecuación no cierra por ningún lado, ni si quiera con la ya rancia excusa de los puestos de trabajo que traerían consigo la tan esquiva dignidad. Las experiencias de los pueblos que han tenido que sobrevivir al yugo minero, nos empuja inexorablemente a recordar las palabras de Carlos Saúl Menem en el Teatro Catamarca en octubre de 1993, allí les daría la bienvenida a los pulpos mineros, sosteniendo que se iniciaría “el despegue definitivo de esta provincia tan postergada”. Flanqueado por Ángel Maza, Arnoldo Castillo, y un empresario que no hablaba castellano pero que por lo visto se entendía muy bien con los funcionarios, se daba por iniciado el proyecto <Bajo La Alumbrera>. Pero claro, Catamarca nunca dejó de ser una de las provincias más pobres del país, y su índice de desocupación siempre se sostuvo por arriba del 20% rozando el 30.
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En la tierra del buen vino y paisajes pintorescos, existe una muy arraigada cultura en defensa del agua, algo que sigue oficiando de yunque para las aspiraciones de la explotación minera a cielo abierto. Pero a las viejas resistencias, se le ha sumado una sobre la mismísima cordillera y en una zona de glaciares, allí el gobierno provincial le obsequió a la empresa El Azufre S.A. 12.000 hectáreas para que pueda llevar adelante un monstruoso proyecto privado sin restricciones algunas. Una entrega mas de las muchas que se suceden a diario en una Argentina desangrada.
«Guni» Cañas pertenece a la asamblea mendocina por el agua pura, a colectivos ecofeministas y a la catedra libre de soberanía alimentaria, consultada por Conclusión sobre la siempre tirante realidad socioambiental mendocina, indicó que “nuestra tierra es famosa por sus oasis irrigados, y como dato no menor, prácticamente la mayoría de la población se concentra en el 5 % del territorio, allí transcurre toda la vida del oasis productivo capitalista. Mientras tanto, en el resto de la tierra, viven pobladoras y pobladores trashumantes, y otros llevando adelante su rol campesino en la crianza de animales. Esto indica que estamos fuertemente urbanizados, siendo famosos por los viñedos y el petróleo, marco como referencia también esto último, ya que vivo muy cerca de la destilería más grande de Mendoza y una de las más grandes de país. En este terruño como en gran parte de Argentina, falta el gasoil, lo que indica con claridad que en estos pueblos sacrificables no tenemos ninguna ventaja sobre el resto, si bien aquí la depredación de los recursos se palpa a flor de piel”.
Mendoza tiene muy arraigada en su cultura la idea de tener represas, si bien tanto la Laguna el Viboron como el Arroyo Tulumaya se están secando debido a como se embalsan los diques, esa matriz sigue su curso. “También es preciso destacar el Proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, una mega obra que se viene gestando hace décadas y que saben no va a tener asidero, pese a la insistencia de la clase política negadora del cambio climático que parece tener solo en su agenda el fracking y la megaminería. En esta provincia, los medios oficialistas, que suelen ser la enorme mayoría, ya que se mueven al calor de la pauta oficial, por un lado, analizan la problemática del cambio climático que se refleja en la sequía de arroyos y lagunas, pero por otro ofician de lobistas de una actividad minera depredadora del vital elemento para la vida”.
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Esta bella provincia es famosa por la Ley 7722, sin embargo, lo primero que hizo el actual gobierno junto a la oposición, fue pretender modificarla en 2019, destacando que esta ley oficia de guardiana del agua, y busca protegerla de la contaminación con metales que provienen de la actividad minera, y que hace que todos los proyectos ligados a esto, deban pasar por la legislatura. “Aquí en 2019 tuvimos el gran mendozazo por el agua, que empujó que aquellos que habían votado en contra de esta ley, tuvieran que retractarse por las enormes puebladas que se sucedieron a lo largo y ancho de esta provincia. En la mayoría del pueblo mendocino existe una fuerte conciencia sobre la importancia en la protección del agua, una estoica resistencia ante el continuo avance de banas promesas de progreso”, sentenció Guni.
Ante el sostenido avance de la pobreza, y la consolidación del dolor por parte del sistema imperante, la oferta de los viejos, pero siempre vigentes espejitos de colores, siguen a la orden del día en Mendoza y en los distintos territorios sacrificables. “Aquí existe una enorme conciencia sobre la importancia del agua, por ello el no es no a la megaminería y la resistencia asidua al desembarco del fracking en la zona, ya que el mismo es ilegal. Como si esto fuera poco, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, entregó de manera gratuita más de 12.000 hectáreas linderas a la Cordillera en Malargüe a la empresa El Azufre S.A. para que construya el centro de esquí y turismo más grande de la región. Esta sociedad anónima se vio beneficiada con la entrega de tierras de la cordillera sin la exigencia de un estudio previo de impacto ambiental y con la única idea de contar con más y más poder político”.
Las tierras se ubican en “Zona de Frontera” que tiene una legislación especial (Leyes 18.575 y 21.900) que tienen como objetivo general lograr la radicación de pobladores argentinos, mejorar la infraestructura y explotar los recursos naturales. Después del ’69 el otro paso fue en 1991, bajo el gobierno menemista, cuando el propietario (Nación) y el poseedor (Provincia) suscribieron un convenio que establece como “dar destino final” a las tierras ubicadas en la zona denominada “Potreros de Cordillera”, aprobado por Decreto 2868/91, durante el gobierno de José Octavio Bordón.
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De acuerdo a lo establecido en el convenio entre Nación y Provincia décadas atrás, las “medidas previas” en todos los casos sobre estas tierras de Zona de Frontera, deben ser puestas a consideración de la autoridad Nacional (en el Convenio la Superintendencia Nacional de Fronteras, actual Comisión Nacional de Fronteras) que es quien tiene que aprobarlas y disponer en su caso la cesión (definitiva o temporal) de los terrenos. Algo que aún no sucedió.
Para concluir la charla mantenida con Conclusión, Guni Cañas sostuvo que “aquí se encuentra todo en manos del oficialismo, de la Alianza Cambiemos, pero cabe destacar que en Mendoza todas las asambleas estamos muy alertas, en estas tierras no solo están los viñedos que se encuentran en manos transnacionales, también contamos con la agroecología que avanza, la permacultura y otras bondades que nacen desde la tierra. Acá a la ley guardiana del agua la vamos a defender hasta el último día de nuestras vidas, como así también resistir al negocio que intentan hacer con nuestra cordillera”.
