Por Santiago Fraga

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra un periodista de Ramallo pone en peligro el derecho a la libertad de expresión y de prensa. En la tarde de hoy, el Sindicato de Prensa de Rosario hizo pública a través de un comunicado la situación de Fernando Latrille, quien recibió demandas a raíz de columnas de opinión sobre un caso de interés público.

El caso en cuestión se refiere a la Biblioteca Estrada de Ramallo que, según el periodista expresó en sus artículos, “perciben un monto por ser beneficiarias de la explotación de la sala de Bingo de Ramallo, un porcentaje de la venta de los cartones”.

En declaraciones a Conclusión, Latrille calificó de “patético” el fallo de la Corte que lo obliga a pagar una multa por daños y perjuicios, y manifestó que “lo penoso de esto es que hubo una interpretación totalmente errónea de la doctrina de la real malicia”.

“Con solamente las opiniones mías y decir que yo dañe el honor, sin haber comprobado falsedades, me condenaron. Es patético, y esto lo pude corroborar con el dictamen de la Procuración”, aseguró.

Según expresa el comunicado emitido por el gremio de prensa rosarino, en las publicaciones en cuestión por las que fue demandado el periodista, “quien fue patrocinado en la presentación ante la CSJN por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), afirmó que la biblioteca había recibido $307.723 y se interrogó sobre el destino de ese dinero, un hecho de indudable interés público por el que también se preocuparon integrantes del Concejo Deliberante, que plantearon un pedido de información. Por estas notas, la presidenta y la secretaria de la comisión directiva de la biblioteca demandaron al periodista por daños y perjuicios. La justicia lo condenó al pago de una multa, la que en instancia de la CSJN fue convalidada cuando se denegó el pedido de Latrille para iniciar un proceso extraordinario, con el argumento de la inexistencia de un “agravio federal suficiente” (art. 280 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y sin analizar la causa”.

“Las publicaciones fueron columnas de opinión y de un claro y evidente caso de interés público. La Biblioteca Estrada de Ramallo, percibe un monto por ser beneficiarias de la explotación de la sala de bingo de Ramallo, un porcentaje de la venta de los cartones, por lo tanto en un tiempo, cuando vino la gente de Pergamino a hacerse cargo, con el propio (Daniel) Angelici, le dieron mucha importancia a levantar el bingo cartón, que era una parte que estaba bastante descuidada. Yo trabajaba ahí, por lo que sabía perfectamente lo que recibía la institución esta en cuanto a fondos, que nunca estuvieron reflejados en la institución. Tal es así que el tema fue de asunto de interés público, tomándolo hasta el Concejo Deliberante, quien autorizó a la biblioteca a recibir ese monto y en 2006 le pidió la presentación de balance, que hasta día de hoy no presentaron”, explicó Fernando Latrille a Conclusión. “Refleje esa duda en artículos de opinión con ironía, cosa que otros medios también reflejaron. Esta es la clásica de matar al mensajero”, agregó.

La multa, de la que todavía no le llegó ninguna notificación, era de un monto de 10 mil pesos en el 2009, acorde a lo fijado en primera instancia por la Cámara. Ese monto, seguramente, ahora será actualizado.

Una situación desgastante

El hecho, además de sentar un antecedente negativo y preocupante contra el derecho de libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa, representa un desgaste enorme para el profesional y hasta evidencia un trato inequitativo de la Corte, ya que el Cels realizó una comparación entre el fallo contra Latrille y otros resueltos de similar índole (los casos “Boston Medical Group” y “Martín”), “donde allí la CSJN admitió el recurso y analizó el fondo de la cuestión porque entendió que se cuestionaba la inteligencia de cláusulas de la Constitución Nacional y de tratados internacionales en materia de libertad de expresión”, según expresó el Sindicato de Prensa en el comunicado.

“Once años de un derrotero judicial donde finalmente, representado por el Centro de Estudios Sociales y Legales, pensaba que la Corte Suprema de Justicia de la Nación repararía en algunos errores u horrores que habían cometido tanto la jueza del departamento judicial de San Nicolás como todos los tribunales que de alguna manera al no darle tratamiento o dictaminar en el mismo sentido dejaron firme aquello que no tiene ni pie ni cabeza. La categoría de una figura que no está dentro del Código Civil como la de “injuria culposa”, algo que fue mencionado por la jueza, y hasta la aplicación errónea de la doctrina de la real malicia. Realmente no se acreditó nunca por parte de las actoras demandantes que mis opiniones, mis artículos, habían incurrido en alguna falsedad”, explicó el periodista a este medio.

Esa esperanza quedó diluida con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del pasado 10 de octubre, donde no dio lugar, y ahora recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, viendo los pasos a seguir con los abogados del CELS, “con la esperanza de que se haga de alguna vez por todas justicia”.

“Hay una esperanza que también se da con lo dictaminado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le deja claro a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 14 de febrero de 2016 tomando el caso Fontevecchia-D’Amico se había arrogado cuándo cumplir las resoluciones de la Corte de Derechos Humanos. Eso nos ponía en peligro a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos de nuestro país. Nos enteramos hace unos días, si bien la resolución es con fecha del 18, que le da claramente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un mensaje muy claro, evidente y duro, diciéndole que no se arrogue potestades que no tiene y que si Argentina es parte del sistema tiene que cumplir las resoluciones que dicta el tribunal. Eso da una esperanza para que si acudimos, en mi caso, con los abogados del Cels veremos la posibilidad de ir a la Corte y esperando que el Estado cumpla si en caso de que la misma determine que se ha violado como creemos el derecho de mi libertad de expresión, el Estado cumpla con la resolución que llegue a dictar, que esperemos sea positiva”, continuó.

Finalmente, expresó sentirse “muy complacido” ya que en el 2015, en este tiempo de derrotero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió la opinión a la Procuración General de la Nación y la misma dictó una resolución favorable, diciendo que debe dejarse sin efecto aquella condena. “Eso es una esperanza de que en estos once años de demanda se ha encontrado una ventana de justicia”.

“Estamos viviendo tiempos donde las libertades se están coartando y debemos prepararnos para dar batalla y no rendirnos ante adversidades como las que acá te estoy narrando”, finalizó Latrille, quien en los próximos días se reunirá con los abogados del Cels, presidido por Horacio Verbitsky, para ver los pasos a seguir en el caso.