Los 18 consejeros, más el titular de la Corte y presidente del Consejo, Horacio Rosatti, llegaron a este consenso luego de negociaciones intensas que demoraron una hora el inicio del primer plenario del año.
Así se definió en una reunión realizada el 28 de marzo, donde 18 de los 20 miembros del órgano presidido por el también titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, fijaron la fecha.
Este jueves, a las 11, comenzó la tercera reunión de la comisión de Juicio Político, en la cual los diputados que la integran le dieron admisibilidad a las denuncias presentadas contra los jueces de la Corte Suprema.
El legislador consideró además que "corresponde" iniciar un proceso de remoción contra el máximo tribunal "porque el fallo sobre la coparticipación" que benefició a la Ciudad de Buenos Aires "afecta fondos provinciales y es antifederal".
El objetivo es que la iniciativa sea tratada junto a otros proyectos pendientes de tratamiento, como el blanqueo de capitales, la ley de agroindustria, el marco normativo para dar estabilidad a las inversiones de Gas Natural Licuado e hidrógeno y la creación de nuevas universidades.
El máximo tribunal dictó una medida cautelar y dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación en la ciudad de Buenos Aires, mediante decreto del presidente Alberto Fernández.
La Secretaría de Jurisprudencia del tribunal editó una publicación digital que compila extractos de fallos, menciones a precedentes extranjeros y referencias normativas sobre esa doctrina.
El alto tribunal solicitó información sobre el accionar desarrollado para combatir los incendios y su efectividad, así como la constitución inmediata del Comité de Defensa Ambiental.
También denunció que "ya tienen escrita" y "hasta firmada" la condena en su contra en el juicio "Vialidad", luego del "prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos" con fallos en su contra en los recursos que presentó en esa causa por presuntas anomalías en la obra pública.
La Corte Suprema revocó por unanimidad la sentencia que había consagrado el "derecho al olvido" para Natalia Denegri, la productora televisiva y ex mediática protagonista de escándalos televisivos en los años 90.
El relevamiento fue realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basado en las investigaciones de muertes violentas por razones de género. En poco más de la mitad de los hechos existían denuncias previas por violencia.
Doñate y Reyes fueron designados por las autoridades de ambas cámaras del Congreso ante el Consejo de la Magistratura el 20 de abril pasado y asumen casi un mes después.