Por Alejandro Maidana

Transportistas que trabajan con personas con discapacidad cortarán el servicio por tiempo indefinido a partir del 1 de enero de 2024 hasta tanto el gobierno nacional y provincial no otorgue un reajuste arancelario. «Se hace imposible seguir con el servicio ante el brutal aumento del combustible y otros insumos», señaló Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes) en diálogo con Conclusión.

“Es el peor momento de la historia del servicio de transporte para personas con discapacidad. Transitamos todo el año pasado situaciones adversas donde trabajamos para que los aranceles, lo que se paga por kilómetro, siempre esté acompañando ese proceso inflacionario que nos tocó vivir a todos. Pero en esta oportunidad claramente la situación es mucho más grave. Este aumento del combustible empuja claramente al corte del servicio”, expresó indignado.

Aproximadamente desde el año 2015-2016 que el nomenclador nacional de discapacidad no le aumenta en demasía el monto por kilómetro a los transportistas, situación que ha generado crecientes protestas sumado a una incertidumbre que va en crecimiento. “Llevan muchos años pidiendo esos aumentos y que el nomenclador se ponga más o menos al día, dado que a los especialistas que trabajan con personas con discapacidad, a los profesionales, a los institutos, si les aumentan en el nomenclador los montos y al transporte es a quien menos le aumentan”, comentó Mariana Vaccaro, mamá de una adolescente con discapacidad.

El gobierno saliente encabezado por Alberto Fernández, si bien les otorgó un pequeño aumento, eso significa que están cobrando 273 pesos por kilómetro cuando la nafta después de la última gran devaluación, trepó a más del doble. Debido a esto, los transportistas que trasladan a personas con discapacidad, han decido dejar de prestar servicios en general a partir del 1 de enero del año entrante. “Ellos tienen claro que de este modo, tanto niños, jóvenes como adultos, no van a poder concurrir ni a sus institutos, ni a sus terapias de rehabilitación, salvo que su familia los lleve en auto particular, o bien en taxi, cosa que también es impagable”, enfatizó Vaccaro.

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Cuesta arriba y repleto de obstáculos, aún más si se tiene en cuenta que entre otras cosas, a partir del 10 de enero la bajada de bandera se ubicaría en casi mil pesos, lo que significaría un perjuicio para todas las personas con discapacidad. “Cabe destacar que es menester entender que se trata de prestadores y que le deben respeto desde nación, sobre todas las cosas como prestador de servicios de personas con discapacidad, que son vehículos que tienen que tener un montón de adaptaciones y que pasan por un montón de inspecciones mucho más rigurosas que las tradicionales. Sumado que se trata de personas preparadas desde otro lugar, ya que deben tratar y trasladar niños y jóvenes con discapacidad, algo nada sencillo. Por ejemplo, con las discapacidades motrices, deben poder meter y sacar una silla de ruedas con una persona sentada en ella con el riesgo que eso conlleva. Son personas que realizan un trabajo muy valioso, y quienes tenemos familiares con discapacidad dependemos de los transportistas, ya que es la única manera que tienen nuestros hijos, nuestros familiares con discapacidad, de poder llegar a los lugares de terapia y a los institutos donde concurren”.

Al día de la fecha la Secretaría de Discapacidad no tiene funcionarios a cargo, ni en nación ni en provincia. Por ello la problemática de los pagos y del nomenclador, en este momento no tienen solución. “Necesitamos que la tenga porque no podemos dejar de llevar a nuestros hijos en mi caso a sus terapias, a su instituto o a las rehabilitaciones, ya que no tenemos con qué. Hay niños y jóvenes que tienen discapacidades muy profundas y que su nivel de vida depende de la rehabilitación y de la sociabilización. Entonces, estamos hablando de que otra vez los más débiles, los que no se pueden defender, los que no tienen voz, son vulnerados y sus derechos vapuleados. Queda en claro que a los gobiernos de turno no les sirven porque la mayoría no vota, porque ya han dicho varios funcionarios que son un gasto, pero para nosotros claramente no lo son. Necesitamos de manera urgente tomen cartas en el asunto, y este paro que se llevará a cabo a partir del 1 de enero no se ejecute”.

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Los transportistas deben tener el aumento del nomenclador que necesitan para estar acorde al valor del litro de combustible, como así también, poder cobrar lo adeudado y dejar de perder sistemáticamente con la inflación. “Para quienes tenemos familiares, sobre todo hijos o hijas con discapacidad, el transporte es vital porque dependemos del mismo para que puedan realizar distintas actividades, entre ellas sus terapias. En algunos casos, estas rehabilitaciones son necesarias para su calidad de vida, dependiendo de la discapacidad claramente. Estamos hablando de personas que dependen de un kinesiólogo, de una rehabilitación puntual para poder subsistir dignamente y para eso necesitamos el transporte. Los transportistas a lo largo de los años, han sido siempre ninguneados, siempre han tenido el nomenclador más bajo, el monto por kilómetro más paupérrimo, y desde el 2015 que prácticamente no han tenido aumento”.

Como mamá de una adolescente con discapacidad, Mariana Vaccaro se encuentra muy preocupada y no oculta su dolor. “No solamente por mi hija, sino por todos, los chicos, las chicas y los adultos, porque a partir del 1 de enero no sabemos qué va a pasar y tienen razón en no querer seguir haciendo traslados, pero los primeros damnificados son los más débiles, los que no se pueden defender, los que no tienen voz y nosotras las mamás, los papás, somos quienes amplificamos el grito de nuestros hijos. En este momento necesitamos que se nos escuche, que la agencia de discapacidad tenga un representante que tome medidas en el asunto. El Gobierno actual definitivamente vino a cercenar un montón de derechos empezando por los más frágiles, por los más débiles, es por ello que necesitamos que la sociedad tome conciencia de lo que votó, de lo que eligió, porque no estamos hablando simplemente de un cambio, estamos hablando de una matanza perversa, porque en este momento sin el transporte hay vidas en peligro. Parece que simplemente hablamos de llevar y traer gente, pero el transporte de personas con discapacidad lleva mucho más que simplemente gente, lleva personas que necesitan ser trasladadas a los lugares a donde van para poder tener una mejor calidad de vida”.