Representantes de instituciones de Rosario se reunieron con legisladores nacionales, provinciales y concejales para reclamar la extensión de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. También pidieron medidas de alivio fiscal y transporte gratuito para trabajadores del sector ante la crisis que atraviesan las instituciones.
Los responsables del transporte para personas con discapacidad atraviesa una crisis sin precedentes, exacerbada por la falta de actualización de aranceles y el aumento de los costos operativos. Aseguran que las suspensiones de servicios son una medida de desesperación ante una situación insostenible.
Mariana Vaccaro es mamá de una adolescente con trisomía, alertada por la coyuntura actual y un futuro sombrío, sostuvo que “el Gobierno actual definitivamente vino a cercenar un montón de derechos y comenzando por los más frágiles”.
El representante de los trabajadores de ese sector, Pablo Bolego, le dijo a Conclusión que la entidadno ha cumplido con el compromiso que había asumido y tampoco con los aranceles que finó la Agencia Nacional de Discapacidad. Advirtieron que seguirán protestando “los días que sean necesarios”.
“En la provincia está $18,28 y pretendemos que lo lleven a $20,09 que es lo que otorgó en octubre la Agencia Nacional de Discapacidad”, explicó a Conclusión el presidente de Atraes, Pablo Bolego.
