Transportistas del sector de discapacidad suspenden servicios por la crítica situación económica
Los responsables del transporte para personas con discapacidad atraviesa una crisis sin precedentes, exacerbada por la falta de actualización de aranceles y el aumento de los costos operativos. Aseguran que las suspensiones de servicios son una medida de desesperación ante una situación insostenible.
Los transportistas del sector de discapacidad comenzaron a suspender de manera programada los servicios, una decisión impulsada por la «desesperación» que atraviesa el sector. Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, la situación empeoró considerablemente, con tarifas arancelarias que no se actualizan y costos operativos que siguen escalando. La medida no responde a un paro organizado, sino a una necesidad urgente de adaptación ante un panorama económico insostenible.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe (ATRAES), Pablo Bolego, expresó su profunda preocupación ante la crisis que atraviesa el sector. “Veníamos advirtiendo sobre esta situación. Sabíamos que podía suceder, ya que desde diciembre de 2023, cuando asumió esta gestión, teníamos un arancel de $272 y un combustible a $328, y hoy nos encontramos con un arancel de $541 frente a un combustible que supera los $1500″, señaló. Estas cifras ilustran la creciente disparidad entre los costos operativos y los aranceles establecidos, lo que hace que la continuidad del servicio sea cada vez más inviable.
La falta de respuesta por parte de las autoridades y la persistente inflación genera una situación insostenible para los transportistas. A nivel nacional, alertan que las suspensiones afectan directamente la calidad de vida y el acceso a derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad.
En un comunicado, los transportistas explicaron que, aunque la suspensión de los servicios no es una acción orquestada por una entidad única, se ha convertido en una respuesta inevitable ante la imposibilidad de continuar con los precios actuales.
“Desde diciembre de 2024, el nomenclador que establece los aranceles para estos servicios no ha sido actualizado, lo que genera un desfasaje económico que no podemos solventar», afirmaron. Además, explicaron que el principal insumo de su actividad es el combustible, cuya constante suba hace que sus costos operativos resulten cada vez más difíciles de cubrir.
A pesar de la situación crítica, los transportistas son conscientes del impacto que sus decisiones pueden tener en las personas con discapacidad y sus familias. “Sabemos el impacto directo en la vida de las personas con discapacidad, quienes dependen de estos servicios para su acceso a tratamientos médicos, educación y vida social. Esta medida no es tomada a la ligera, pero la realidad económica nos ha llevado a esta instancia”, concluyeron.