Organizaciones de discapacidad reclaman la prórroga de la ley de Emergencia: «Estuvimos un año sin aumentos en las prestaciones»
Representantes de instituciones de Rosario se reunieron con legisladores nacionales, provinciales y concejales para reclamar la extensión de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. También pidieron medidas de alivio fiscal y transporte gratuito para trabajadores del sector ante la crisis que atraviesan las instituciones.
Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad volvieron a reclamar medidas urgentes para sostener el sistema y advirtieron que “la emergencia en discapacidad continúa”.
En ese marco, representantes de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) participaron el viernes de una reunión en el Palacio Vasallo con diputados y senadores nacionales y provinciales y concejales de Rosario, donde se analizó el pedido de prórroga de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre. Cabe destacar que en el Congreso de la Nación, bloques opositores presentaron un proyecto para extenderla hasta el 31 de diciembre de 2027, ante el reclamo de las organizaciones que advierten que las dificultades del sector persisten.
Además de la prórroga de la emergencia, las organizaciones reclaman medidas de carácter provincial y municipal que permitan aliviar la situación económica de las instituciones. Entre ellas, plantean un alivio fiscal para los espacios que brindan servicios a personas con discapacidad y un sistema de transporte gratuito para los trabajadores del sector.
Chapero explicó que la irregularidad en los pagos de los financiadores genera un efecto dominó que termina afectando a las instituciones y a sus trabajadores. “Tantos meses por momentos sin cobrar terminan generando un efecto dominó a partir del cual los espacios no le pueden abonar los honorarios a sus trabajadores y los trabajadores tienen que ir a trabajar, sin embargo no cobran”, sostuvo.
La dirigente contó a Conclusión que la situación de las instituciones no registró mejoras sustanciales durante los últimos meses. Por el contrario, sostuvo que persisten problemas vinculados con la demora en los pagos y el aumento de los costos. “No se ha modificado nada, todo lo contrario”, aseguró la titular de Apridis. En ese sentido, señaló que algunos financiadores comenzaron a regularizar pagos luego de acumular demoras de hasta seis meses, mientras que otros mantienen retrasos.
A esta situación se suma el incremento de los costos operativos. La referente señaló que las instituciones atravesaron un período prolongado sin actualización de las prestaciones y que los aumentos posteriores resultaron insuficientes frente a la evolución de los gastos. “Nosotros tuvimos un bache muy grande, un año entero sin recibir aumentos en las prestaciones”, explicó. Además, cuestionó que los incrementos se vinculen con el IPC mensual y se efectivicen con varios meses de demora.
Las instituciones también llevaron sus reclamos al ámbito provincial. Chapero recordó que, luego de una reunión realizada en Alas, mantuvieron un nuevo encuentro en el Colegio de Psicólogos, del que participaron representantes del área de discapacidad del Gobierno de Santa Fe.
En ese sentido, las organizaciones solicitaron que el Estado provincial pueda intervenir en aquellos casos en los que las instituciones no logren sostener su funcionamiento y exista riesgo de dejar a los usuarios sin cobertura. “Nosotros pedimos el alivio frente al pago de Ingresos Brutos”, señaló Chapero y aclaró que, aunque se trata de medidas puntuales, pueden representar un respaldo para entidades que atraviesan una situación crítica.
Cierre de instituciones
La crisis también se refleja en el cierre de instituciones y en las dificultades para sostener el pago de salarios y honorarios. Según Chapero, hubo cierres durante diciembre y también a mitad de año, mientras que otras entidades atraviesan períodos de suspensión de pagos a sus trabajadores.
“Muchas situaciones de instituciones que han entrado en ese pago con los trabajadores por dos meses o tres meses, después a lo mejor recompone”. Para la referente, esa dinámica evidencia la fragilidad del sistema, ya que cualquier demora o aumento de costos puede poner en riesgo la continuidad de los servicios.
Y cerró con una advertencia sobre el futuro de las instituciones: “¿Qué va a pasar cuando a fin de año cierren más espacios de los que ya han cerrado en 2025 y 2026?”. Para las organizaciones, la respuesta requiere medidas antes de que la crisis derive en nuevos cierres y afecte la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad.