La vivienda en Argentina fue siempre objeto de sueños postergados o realizados, frustrados o que simplemente quedaron a mitad de camino y no terminaron de cristalizarse.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza explícitamente que los argentinos tienen derecho de acceder a una vivienda digna, pero dadas las condiciones por las que transitó y transita la historia del país, su enunciado no es más que una expresión de deseos.

Ante los programas que algunos gobiernos impulsan para tal fin, y no terminan de dar respuesta, algunos privados suelen encontrar alternativas (que no soluciona el tema en la magnitud que se requiere) y aprovechan los pliegues que el sistema deja descuidados para montar su negocio.

Tal es el caso de las viviendas construidas con aquellos contenedores que son utilizados para transportar todo tipo de mercaderías entre diferentes regiones y países del mundo.

Después de que en el año 2001 surgió en Holanda la posibilidad de reutilizar los contenedores, la tendencia se esparció por Europa, América del Norte y en los últimos años también en Argentina.

Según los datos que pudo recoger Conclusión, una vivienda de 30 metros cuadrados, realizada con estas cajas metálicas arribadas al puerto en barcos, cuesta unos 2 millones de pesos.

Este módulo consta de dos habitaciones, baño y cocina – comedor, y según indicaron empresarios del sector puede ser financiado en 120 o 240 cuotas con el interés que maneja la Cámara Argentina de la Construcción “que están entre un 6 y un 8 por ciento anual”.

“La vivienda dura 180 años y la entrega se hace en la cuota número 12 del plan de 120 pagos o en la cuota número 18 para los que la abonen en 240 meses”, describió el empresario, que además aclaró que también el comprador debe abonar el transporte de la misma “a 150 pesos por kilómetro” y los pilotes en los que se apoya durante el traslado.

En tanto, el programa Procrear II que lanzó el Gobierno nacional adopta “una nueva fórmula de actualización crediticia que se vincula con la variación salarial y protege los ingresos de los adjudicatarios y adjudicatarias”.

“La fórmula HogAr reemplaza a las UVAs y otorga mayor previsibilidad y transparencia en el acceso a las soluciones habitacionales”, grafican desde el Gobierno.