El uso de drones, cuyos precios se reducen a medida que están cada vez más disponibles en las tiendas, se ha popularizado en escenarios diversos, desde el hogareño al de la producción agrícola y el de las fuerzas de seguridad, sin que esto suponga controles más estrictos, según reconocieron desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La entidad reguladora del espacio aéreo argentino pide desde 2015 la certificación de los aviones no tripulados, de sus operadores y un seguro que varía según el uso que se le quiera dar, pero la aplicación de estos requisitos es «deficitaria».

«Sabemos que tenemos que registrarlos pero cuesta instrumentar el cómo. Hace un año que estamos trabajando porque, de todas las personas que nos preguntan cómo se hace, llegan hasta la certificación menos del cinco por ciento», comentó a Télam una fuente destacada de la entidad estatal.

Al momento de su publicación, la normativa fue criticada porque excluía en el texto el uso de los drones para fines recreativos: aquellos de menos de un kilo y medio de peso y que son -no casualmente- los más difundidos.

«Hoy uno puede volar un dispositivo de 750 gramos a 50 metros de altura. Si se ‘planta’ el motor y se cae sobre la cabeza de una persona, es casi un ladrillazo, sin que nadie se haga responsable y sin seguro», comentó la misma fuente de la ANAC.

Desde el sector privado, Gaston Allois, CEO de Drones-Tec, destacó la buena predisposición de la ANAC para mejorar una legislación que «está muy enfocada en la cuestión civil», y a la que le falta «todo un espacio para la cuestión comercial» que aun está explotada «por debajo de sus posibilidades».

«Hay un mercado en expansión, pero aun no se comprende el potencial de los drones. Si uno quiere reportar un accidente en Panamericana, no pueden pasar horas para conseguir un permiso. También se prohíbe el transporte de paquetes, una de las actividades con más futuro en el mercado», comentó el directivo de la empresa que trabaja en Argentina y Estados Unidos.

En el imaginario de los emprendedores aparecen las experiencias encaradas por las empresas Amazon, UPS y DHL, que ya trabajan experimentalmente en la entrega de productos puerta a puerta con aeronaves no tripuladas en ese país norteamericano.

El funcionario de la ANAC coincidió con el diagnóstico: «Yo no sé cuan verosímil es que (los drones) terminen transportando personas, pero la logística chica seguro. El envío de una carta o un paquete va a ser más segura y más rápida que con un motoquero».

En ese sentido, todos los consultados apuntan contra la «rigidez» de un mundo aeronáutico que se sostiene en el principio de que «todo lo que vuela es un avión», lo que atenta contra «la buena regulación» de las nuevas tecnologías.

De los campos posibles de aplicación, los agronegocios son aquellos que tiene mayor potencialidad en Argentina.

Mauro Pinotti, especialista en nuevas tecnologías del INTA, señaló que los drones «tienen aplicaciones infinitas» con un «menor costo y mantenimiento que las operaciones a cargo de aviones tripulados».

En este sentido, remarcó la prohibición ya aplicada en algunos países para fumigar desde aeroplanos por su poca eficiencia y eficacia a la hora de lanzar agroquímicos.

El uso del GPS les da a autonomía a los drones para recorrer amplias distancias, mientras que los datos aportados por instrumental de precisión -como cámaras infrarrojas- también facilita la evaluación de riesgo agropecuario.

Como ejemplo, el ingeniero agrónomo del INTA Juan Pablo Velez explicó que en la actualidad el dispositivo «identifica animales, los cuenta y envía la información o dice cómo está un cultivo para que actuar a tiempo y revertir una situación problemática», explicó.

Desde estas aeronaves se puede medir «el índice de vegetación diferencial normalizado» con un sistema que puede leer las longitudes de onda del terreno y conocer «el contenido de Clorofila y su relación con el Nitrógeno disponible para el cultivo», entre otros usos.

Los drones también se emplean para tareas de seguridad, tanto por personal de las fuerzas estatales o por empresas privadas. Por ejemplo, la Policía Federal cuenta con un drone DJI modelo S1000 que usa para filmaciones y seguimientos en investigaciones judiciales.

Otras posibles áreas de aplicación incluyen el revelamiento de infraestructura vital, desde puentes hasta centrales eléctricas, que necesitan de drones especiales y personal calificado para su vuelo.

Pero con las bajas tasas de acreditación de usuarios y aeronaves, los controles de la ANAC son de casi de imposible aplicación: «Sabemos que lo tenemos que hacer, pero lo estamos haciendo mal», concluyeron desde la entidad.