Mecánicos independientes piden acceso a sistemas de reparación de marcas oficiales: “nos ponen restricciones a la libre competencia y esto atenta contra los derechos de los consumidores”
El presidente de Faatra, Salvador Lupo, advirtió a Conclusión que la falta de acceso a tecnologías y manuales de reparación perjudica a más de 45.000 pymes del sector y restringe la libre elección del usuario.
El sector de la reparación automotriz independiente lanzó una fuerte advertencia por los obstáculos que enfrentan al momento de reparar vehículos modernos. Salvador Lupo, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparaciones de Automotores y Afines (Faatra), denunció en diálogo con Conclusión que los talleres no oficiales no tienen acceso a sistemas, software y manuales técnicos clave para realizar tareas de programación, inicialización de repuestos y conexión con los vehículos mediante terminales o scanners.
“Logramos capacitar a nuestros técnicos, hicimos cursos de especialización y perfeccionamiento. Pero a la hora de hacer una telecarga, una programación o simplemente poner en marcha un repuesto que reemplazamos, no podemos hacerlo porque los talleres independientes no tenemos acceso a esa información”, explicó Lupo.
La situación es preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que en la Argentina circulan más de 15,4 millones de vehículos, incluidos el transporte pesado y el turismo. “Hay 200 mil puestos de trabajo y 45 mil talleres independientes que están detrás de esto. No es un reclamo aislado. Los 1.100 o 1.200 talleres oficiales no alcanzan a cubrir todo el parque automotor”, remarcó.
Desde Faatra reclaman una ley que garantice el derecho de los talleres a acceder a la información técnica necesaria para trabajar en igualdad de condiciones. “Lo que pedimos es que el usuario tenga libertad para elegir a su prestador, y que nuestros colegas puedan trabajar en libertad, sin depender de una terminal o una concesionaria”, indicó.
El año pasado presentaron un proyecto de ley inspirado en legislaciones internacionales como la Ley Monti (Unión Europea) o la Right to Repair de Massachusetts (EE.UU.), que garantizan el acceso igualitario a datos técnicos por parte de todos los actores del sector automotor. Sin embargo, hasta el momento, no hubo avances en el Congreso.
“No buscamos pelear con las concesionarias ni con las terminales. Queremos destrabar esta situación para defender puestos de trabajo, pymes y derechos. Durante la pandemia fuimos considerados servicio esencial. Hoy, pedimos que se nos permita competir en igualdad de condiciones”, concluyó.