Por Alejandro Maidana
Esta vergonzosa sentencia, habilita a que las aspersiones con agrotóxicos se puedan realizar a una distancia de 100 metros a nivel terrestre, y a 500 metros aéreos de instituciones educativas, cuando existía un amparo que las elejaba a 1.000 y 3.000 metros. El desprecio por la vida de los niños resulta exasperante.
El fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, revoca el pronunciamiento del juez de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, Virgilio Galanti, quien a fines de septiembre había declarado inconstitucional el decreto n° 2239/19 sancionado por Gustavo Bordet, gobernador de la provincia, a principios de agosto. Ese dictado de que el decreto era inconstitucional queda revocado, en consecuencia también se rechaza la acción de amparo llevada adelante por las distintas organizaciones ambientalistas.
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Los jueces Susana Medina, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Martín Carbonell y Juan Smaldone, fueron quienes consideraron que la salud de las y los “gurises” es un tema secundario cuando se trata de no interpelar los privilegios del agronegocio, y el desinterés manifiesto por la vida del Estado.
Lo que debería ser a esta altura un debate perimido, tomando como referencia los implacables estudios científicos como por ejemplo el del Conicet, que demostró que “8 de cada 10 niños de zonas rurales ya presentan daño genético”. Una realidad tan implacable como ninguneada por este último fallo que deja en evidencia una vez más, la connivencia del poder judicial y estatal con el agronegocio envenenador.
Cabe destacar que mientras en Pergamino, la Justicia Federal, en el marco de la causa penal por fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de tres barrios de esa ciudad, procesó a tres productores rurales, en Entre Ríos las practicas envenenadoras cuentan con un oscuro velo protector. Cabe destacar que se los consideró penalmente responsables (art. 45) del delito de contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos), ilícito previsto y penado en el art. 55 de la ley 24.051, en forma continuada, en función del art. 200 del código penal.
La matriz productiva de este país es una bomba química despiadada, se producen commodities en lugar de alimento, se saquean recursos naturales con la rancia excusa de la necesidad de ingresos de dólares y conservación de puestos de trabajo. Una encerrona deleznable de un territorio atravesado por el extractivismo en todas sus formas, una hidra de siete cabezas que no posee ideología alguna y pisotea todo derecho que busque anteponerse a sus devastadores deseos.
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Daniela Verzeñassi integra el <Foro Ecologista de Paraná> y <Basta es Basta>, en diálogo con Conclusión y consultada por este primer fallo del (Stjer), sostuvo: “Este fallo no nos sorprende, existe un descuido absoluto por la salud de la población escolar rural. Es un claro guiño a favor de la provincia en cuanto a su posición de la permisividad a seguir fumigando alrededor de las escuelas rurales con agrotóxicos”.
Preocupación e incertidumbre para con los tiempos que se avecinan. “Estamos muy preocupados por lo que pudiera llegar a pasar ya que ingresamos en una época de fumigaciones y sabemos que hay una gran parte de la población que está advertida de los riesgos que esto genera. Deseamos que esta situación no traiga un problema mayor, ya que sabemos que hay personas dispuestas a poner el cuerpo con el fin de impedir las fumigaciones. Particularmente de vecinos directamente afectados, no del Colectivo del que formo parte, hace dos años que ellos al igual que nosotros dijimos BASTA de ser fumigados”.
Son muchas las preguntas que no encuentran respuestas, “no sabemos que estarán pensando los padres y la población que está expuesta a ser fumigada nuevamente en los próximos días sin ningún tipo de amparo. Desde la Coordinadora <Basta es Basta>, en especial el Foro Ecologista y el gremio docente, hemos decidido llegar a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso extraordinario solicitando que se nos otorgue el permiso para ir a la Corte, en caso de ser rechazado, iríamos por otra vía que nos lo permita. También estamos evaluando la posibilidad de hacerles un juicio a los jueces por el fallo lamentable, en un tema delicado como es el que nos tiene en esta instancia y que compete decididamente a la salud y la protección de la vida de quienes habitan una zona rural, particularmente en las escuelas”, enfatizó Verzeñassi.
Si bien la vía legal seguirá su curso, las calles seguirán siendo quiénes amplifiquen el justo reclamo del pueblo. “Seguiremos visibilizando este gran problema que tenemos todas y todos los entrerrianos, ya que no solo la población rural es la que se encuentra afectada. Las rondas de los martes seguirán más firmes que nunca, allí con velas y en absoluto silencio seguiremos reclamando la eliminación de los venenos de nuestras vidas. Por otro lado seguiremos insistiendo en los espacios en donde ya nos estamos expresando, discutiéndole al gobierno la necesidad de transicionar hacia la agroecología”.
“Teniendo en cuenta que la justicia ahora insta al poder legislativo a que en un plazo de pocos días genere una legislación, nosotros interpretamos que buscaría estar sujeta al último y vergonzoso fallo. La pulseada con el Estado ubica a este último claramente como defensor del agronegocio, en detrimento de la salud de la población afectada por los agrotóxicos. El gobierno provincial está jugando claramente sus cartas a favor de la impunidad del agronegocio para que éste se maneje con absoluta libertad en todo el territorio”, dijo.
Por último, Daniela Verzeñassi dejó un claro mensaje, “el gobierno provincial hace las veces de espectador, cuando en realidad el amparo ambiental es contra el gobierno, no contra los productores. Estos últimos en este caso son responsables de acatar lo que la justicia dictamina o dictaminaba, el juicio es contra el gobierno provincial en cuanto a la necesidad de que se generen políticas públicas que acompañen lo que la justicia hasta este momento venía diciendo. Cabe destacar que lejos de actuar en consecuencia, lo que hizo fue todo lo contrario, caminar el territorio provincial en la persona del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, no fue para hacerse eco de lo que está sucediendo con nuestras poblaciones y ecosistema, sino para tratar de convencer a algunos directivos de instituciones escolares y productores. Llevando el discurso de la inexistencia de sustento científico alguno que avale la decisión de la justicia. Tanto el Estado, la Federación Agraria como la Sociedad Rural, junto a la Facultad de Agronomía y el INTA, se han encargado de desmentir lo que la ciencia digna de este país ha facilitado a través de sus estudios, el impacto que genera esta manera de producir con venenos”.
Emilio Vitale vive en Gualegaychú e integra la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos, fue tajante a la hora de expresar sus sensaciones en torno al fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. “Directamente no leyeron la prueba científica que aportó el Comité Científico, nosotros hemos convocado a profesionales de todo el país con experiencia en estudios realizados dentro del territorio. Hubo trabajos riquísimos que tuvieron su anclaje en el daño genético en los niños entrerrianos, se tomaron como referencia el caso de 100 <guríses> de Concepción del Uruguay, en donde las pruebas fueron contundentes”.
Souza Casadinho realizó un informe sobre dosis letal 50, método actual para medir la toxicidad de los químicos, el mismo se llevó a cabo sobre una población de 100 ratas. De acuerdo a la peligrosidad del agrotóxico que se fue utilizando, la muerte de los roedores se dio de una manera más rápida. Sobre esto el ambientalista indicó: “Aquellos que vivimos en cercanías a los campos fumigados, padecemos una exposición crónica, no vamos a morir por una dosis letal, pero el envenenamiento se va a perpetuar generando distintas patologías. En esto fue muy claro el médico Damián Verzeñassi en sus campamentos sanitarios, las enfermedades crónicas se evidenciaban con más asiduidad en los niños que viven en territorios ligados a las aspersiones con agrotóxicos”.
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El tribunal judicial que falló a favor del negocio por sobre la salud de la población más vulnerable, no tuvo en cuenta la contundente prueba científica que fue acercada a la causa. Marcos Tomasoni es ingeniero químico y quién le diera vida al informe titulado <No hay fumigación controlable>, “Tomasoni fue muy certero a la hora de definir a la deriva, su investigación y análisis no se emparentan en nada con las que intentan imponer las denominadas <buenas prácticas> y el Senasa. Él sostiene que no solo hay una primera deriva, que es la que aparece en el momento de la fumigación, sino que también emerge una segunda. Esta última es la se produce al día siguiente, cuando se desprende la neblina a la mañana o a la tardecita por los efectos de la humedad que se evapora y por ende los agroquímicos, esto con una leve brisa se sigue desplazando. Cabe destacar que lo anteriormente mencionado también fue ignorado por la justicia”, relató Vitale.
“El paso siguiente es llegar a la Corte Suprema de Justicia, se vienen luchas muy duras, el nuestro es un caso testigo que debe imponerse en todos los pueblos fumigados. “En nuestra provincia la voz de la Mesa de Enlace y de los vendedores de venenos, fue nada más y nada menos que el gobierno de Entre Ríos. Tanto Bordet como el Secretario de Producción Álvaro Gabás y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, en lugar de defender a los fumigados, defienden a los fumigadores y vendedores de venenos”.
Las pruebas presentadas para desactivar el amparo, carecen de sustento alguno. “El material que expusieron a la justicia, son pruebas que carecen de relevancia alguna. No citan ningún estudio realizado en Argentina, y solo pudieron acercar un video filmado en Gualeguay. El mismo, muestra como aviones y mosquitos llevan a cabo una fumigación (en ese momento cargados con agua), demostrando como se esparce el agroquímico, sosteniendo que la deriva no supera los 10 metros. Es preciso destacar que esto tiene escaso rigor científico”, concluyó.
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La realidad de Entre Ríos es abrasadora, una pintura escabrosa de lo que debe soportar un inclaudicable pueblo fumigado que contempla como los privilegios de unos pocos, arrasan con los derechos de las mayorías ¿Cuánto puede resistir un cuerpo? ¿Le han puesto un precio a la vida de los niños? Lo único cierto, es que en el juego de la vida, siempre ganan los mismos ¿Hasta cuándo?
