El juez federal de Salta, Julio Bavio, procesó al exguardiacárcel Vicente Agustín Puppi como partícipe secundario de las vejaciones infligidas a 11 personas detenidas por razones políticas que fueron posteriormente asesinadas en la llamada Masacre de Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976.
El magistrado ordenó en su resolución del pasado 29 de diciembre la prisión preventiva de Puppi, pero dispuso que siga en libertad «hasta la etapa del plenario». Además le trabó embargo por 1.500.000 pesos, publicó el diario Página/12, que difundió los pormenores de la decisión de Bavio.
Cabe mencionar que este proceso es escrito, ya que se desarrolla de acuerdo al viejo Procedimiento en Materia Penal de la Nación, vigente al momento de los hechos -que también rigió en otras causas como la apropiación del nieto recuperado Juan Cabandié y la conocida como Batallón 601-.
En la misma resolución, el Bavio cerró el sumario respecto del exguardiacárcel Víctor Manuel Rodríguez, y ahora el caso va a otro magistrado para que dicte sentencia. El juez también dispuso que siga la investigación sobre el militar retirado Luis Dubois y Juan Salvador Sanguino, quien era otro de los que se desempeñaba como guardiacárcel.
La Masacre de Palomitas formó parte de la acusación en el Juicio a las Juntas en 1985. Once personas que estaban en la cárcel de Villa Las Rosas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y con conocimiento del juez federal Ricardo Lona (que falleció en junio del año pasado a los 86 años). Las sacaron del penal con la excusa de un traslado a una cárcel de mayor seguridad pero fueron acribilladas en el camino. Después las autoridades militares, con la anuencia de las otras, afirmaron que un grupo de guerrilleros había intentado liberarlas y se había generado un tiroteo durante el cual huyeron ocho detenidos y detenidas.
La versión oficial fue una mentira. Así lo probó la justicia, que determinó que las once personas fueron asesinadas a balazos al costado de la ruta nacional 34, en el paraje Las Pichanas de la localidad de Palomitas. Así se desprende de -por ejemplo- el testimonio del expolicía José Michel, que -repasa P12- para el momento del hecho cumplía funciones en la Comisaría de General Güemes y fue comisionado para custodiar la camioneta Ford utilizada junto a otros dos automóviles para simular el enfrentamiento.
Michel repasó que cuando arribó al lugar del hecho la camioneta aun estaba incendiándose. «El personal militar estaba provisto de armas largas, como FAL, PA 3 e Itaka de caño corto», recordó, y dijo que posteriormente recogieron 200 cápsulas servidas y adentro de un automóvil Torino encontraron «abundantes salpicaduras de sangre» y restos humanos. Además afirmó que, por lo que vio, las personas fueron acribilladas ahí mismo.
Ricardo Arquiza, otro policía de General Güemes, contó que cuando llegó al lugar la camioneta todavía estaba quemándose y al lado del Torino -visiblemente «acribillado por todas partes»- estaba un camión del Ejército «con personal de esa fuerza que se movilizaba a su alrededor portando armas largas, el que luego de unos minutos partió en dirección a Tucumán». El oficial dijo haber visto restos humanos pero ningún cadáver, aunque escuchó comentarios de que «momentos antes habían sido levantados los cuerpos». Más tarde las autoridades militares iban a difundir que los ocho «fugados» cayeron en enfrentamientos en puestos de control de Jujuy y Tucumán.
El rol de Puppi
Puppi contaba con el grade de auxiliar del Servicio Penitenciario salteño. Cumplió funciones en la guardia de seguridad interna de la Unidad Carcelaria Nº 1 de la ciudad de Salta entre enero de 1976 y el mismo mes del año siguiente. La noche del 6 de julio de 1976 estuvo y participó del retiro de las 11 personas detenidas y después acribilladas en Palomitas a 60 kilómetros de la capital provincial.
El ahora procesado fue reconocido en el operativo de retiro de los seis hombres y cinco mujeres: el detenido Julio Raimundo Arroyo lo vio junto al inspector subalcaide Luciano Rodríguez; al jefe de Seguridad Interna del penal, Napoleón Soberón; al inspector Víctor Rodríguez; y a otro celador de apellido Cussi.
En detalle, Arroyo señaló que entre las 19.30 y las 20 del día de la matanza, cuando limpiaba la planta de presos políticos, con al supervisión de Puppi, que era el encargado de vigilancia del área, llegó Luciano Rodríguez y le ordenó al celador que encerrara a todos. Ahí -siguió- se apagaron las luces del pabellón D y cerraron las mirillas de las puertas de las celdas. Aun así, Arroyo mantenía desde su celda algo de visión porque llegó a trabar la mirilla antes de que la cerraran totalmente. En ese momento fue que vio a los agentes penitenciarios cuando, tras un descanso, regresaron y comenzaron a sacar a los presos políticos varones.
«Primero sacan de su celda a (Benjamín) Ávila», contó al declarar sobre estos hechos. Después retiraron a Roberto Oglietti; a José Povolo; Rodolfo Usinger; Alberto Savransky; y a Pablo Outes. Arroyo recordó que vio pasar a dos de estos detenidos «encapuchados y con las manos hacia atrás».
En la indagatoria Puppi reconoció que estuvo en el penal el 6 de julio de 1976, pero dijo que no participó del retiro de los que iban a ser asesinados porque -sostuvo- esa noche estaba en el pabellón E, de presos comunes. El magistrado a cargo de la causa concluyó que el descargo del exguardiacárcel «debe ser desechado de plano y ser considerado como una manera de soslayar la responsabilidad» en los hechos.
En su momento Soberón, que estuvo imputado pero falleció, reconoció que fue convocado por el entonces jefe del Servicio Penitenciario Provincial, Braulio Pérez, para ejecutar un oficio enviado por el jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall (condenado por la masacre, ya fallecido) que ordenaba sacar a una lista de personas con el declarado fin de trasladarlas a Córdoba. Soberón dijo que convocó a los celadores para esta tarea, que sacaron a los seis detenidos y los entregaron a una comitiva militar, reconstruyó la investigación difundida por Página/12.
El juez entendió que está probado que Puppi era uno de esos celadores que «obró con el dolo de cómplice de acuerdo al conocimiento que tuvo de colaborar en un traslado de detenidos que fue absolutamente vejatorio a la dignidad de las personas», tal sostiene el procesamiento.
En el mismo agregó que, «en su condición de celador que intervino en el traslado», a Puppi «no le debieron pasar desapercibidas las circunstancias en las que se efectuó el repentino» movimiento de detenidos. A la vez añadió que, en efecto, el operativo «tuvo características singulares que permiten calificarlo de subrepticio: fue precedido de un oscurecimiento absoluto del penal que tenía por finalidad el ocultamiento de la identidad de los militares y policías que lo cumplían, como también se suprimieron los signos relativos a la jerarquía y se utilizaron formas verbales de comunicación con ocultamiento de nombres y grados». Además de que no se les permitió llevar sus pertenencias a los presos y presas.
El magistrado Bavio concluyó que Puppi fue partícipe de las vejaciones, pero entendió que tuvo un conocimiento «limitado» del traslado dado que era «un empleado subalterno del Servicio Penitenciario Provincial», y «solo las máximas autoridades a cargo de la penitenciaría local estaban al tanto de la forma en que se realizaría el retiro de presos». A raíz de esto es que no lo consideró partícipe de los homicidios.
El juez dio por acreditado que Puppi recibió la orden de Soberón, que los detenidos fueron entregados a la comitiva militar encabezada por el entonces capitán Hugo César Espeche (condenado por la masacre, fallecido) e integrada por otros 15 o más militares, «probablemente oficiales de menor graduación», que no vestían uniformes.
Del pabellón donde estaban detenidas las mujeres, las celadoras sacaron a Georgina Droz, María Amaru Luque de Usinger, Evangelina Botta de Linares (o Nicolai), María del Carmen Alonso de Fernández y a Celia Raquel Leonard de Ávila, especialmente recordada porque había dado a luz en prisión y tuvo que dejar a su bebé en brazos de otra detenida.
La caída de la versión oficial
Bavio consideró que la versión oficial de que el contingente militar que trasladaba a los detenidos fue atacado por un grupo de guerrilleros es «inverosímil» y la desestimó. Dicho relato incluso afirmaba que ocho (Povolo, Alonso de Fernández, Outes, Botta de Linares, Usinger, Droz, Oglietti y Luque) habían logrado fugarse; y montaron una escena para simular que Usinger, Oglietti y Luque de Usinger habían muerto en un enfrentamiento en el puesto de control de Pampa Vieja en Jujuy, y Outes, Povolo y Alonso de Fernández, en Ticucho, Tucumán.
El juez destacó que en los mencionados «enfrentamientos» los supuestos terroristas no portaban armas y «no hubo constancias de bajas ni heridos en el personal policial que intervino en la acción». Tampoco hubo daños en sus transportes y se registraron discrepancias sobre el automóvil que se ubicó en Pampa Vieja para hacerlo pasar como el usado por los guerrilleros en el «enfrentamiento», que incluso fue secuestrado con posterioridad a que se dejaran los cuerpos en el lugar.
Además hubo otras irregularidades: ninguno de los vehículos involucrados en Palomitas, una camioneta Ford, un automóvil Torino y un Chevrolet 400, fueron peritados. Tampoco hubo una custodia real sobre el lugar del hecho ni sobre los vehículos.
Detalló asimismo que los cuerpos de Povolo, Outes y Alonso de Fernández fueron entregados a sus familiares en cajones cerrados y la custodia de las fuerzas de seguridad les impidió verlos. «Los hechos, respecto del presunto enfrentamiento en Ticucho, Provincia de Tucumán, no ocurrieron como fuera informado oficialmente», sino que «en realidad tanto Outes, Povolo como Alonso de Fernández fueron muertos en el paraje Palomitas», sostuvo el juez. También los cuerpos de Ávila y Leonad fueron entregados a cajón cerrado.
Los cuerpos de Evangelina Botta y Georgina Droz permanecen desaparecidos. Si bien en la Ford, que quedó quemada y baleada en Palomitas, se encontraron dos cuerpos descuartizados que aparentemente habían sido quemados, para la justicia no hay elementos para afirmar que fueron de estas jóvenes. La versión oficial afirmaba que habían huido, pero fue «desechada de plano».
En cuanto a los otros acusados en este proceso, sobre Víctor Rodríguez, que también está procesado por vejaciones agravadas, el juez dispuso el cierre del sumario y que sea elevado a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta para que decida qué magistrado intervendrá en la etapa plenaria.
Sobre otros dos investigados, Sanguino y Dubois, el magistrado entendió que aún no cuenta con elementos para tomar una decisión, por lo que seguirá la investigación, aunque ambos ya cuentan con sobreseimientos provisionales. Sanguino era adjutor mayor. Dubois era jefe de Logística (S-4) del Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 141 del Ejército con asiento en Salta.
Inicio de la causa
Esta causa se inició el 6 de junio de 1983, por una acción de amparo presentada por un grupo de presos de Rawson, Chubut, que denunciaron maltratos, apremios, torturas y homicidios en distintos lugares del país, entre ellos Salta.
A lo largo de esta lento trámite judicial, además de Mulhall y Espeche, fueron condenados el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil; el comisario Joaquín Guil y el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray.
Además, en esta causa fueron indagados los militares Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega. Los dos están fallecidos.
