El 11 de septiembre de 1994, cuando Leticia y María Eugenia Cayupán tenían ocho y diez años, respectivamente, su entonces padrastro asesinó a su mamá y a su hermana en la localidad rionegrina de Allen. Al tiempo, la Municipalidad les cedió un terreno para que pudieran ir a la escuela, pero el mismo fue ocupado por su tío, quien, con respaldo de la Justicia, se niega a desalojar el lugar.

“Quizás se avanzó en materia de prevención y capacitación en lo que respecta a violencia de género, es más fácil acceder a información, pero sigue fallando la Justicia”, observó Leticia en diálogo con Conclusión. Es que el sistema jurídico le falló dos veces: hace treinta años, cuando desoyó los pedidos de ayuda de su madre y sólo condenó a su femicida a 10 años de prisión; y ahora, cuando no hizo lugar a su reclamo por el terreno que le pertenecía.

“Nadie pudo ayudar a mi mamá a irse a otro lugar con siete pibes. Hoy hay más presencia del Estado, más instituciones que previenen este tipo de violencias, también se habla más del tema. En aquellos años era muy difícil acceder a información o saber qué hacer o dónde pedir ayuda. Pero no disminuyeron los femicidios. En mi ciudad nomás el año pasado, a fines de octubre, mataron a otra mujer que vivía con sus hijos menores, no tenía a dónde ir, su familia tampoco la pudo ayudar. No sé si cambió tanto la cuestión”, observó.

Un femicidio y seis niños a la deriva

María Margarita Marinao tenía 32 años y siete hijos de entre 14 y 2: los tres más pequeños fueron fruto de su relación con Ramón Carlos San Martín, un hombre que ejercía violencia sobre ella y todos los niños.

“Era un vínculo complicado porque cada vez que se separaban él se iba a vivir a la casa de al lado, que era donde vivía su mamá, y seguía provocando y molestando”, recordó Leticia, a casi treinta años del doble femicidio. Además, detalló que Marinao “había pedido ayuda por la situación de violencia, pero la Justicia y las instituciones no pudieron socorrerla”.

“Ella no tenía a dónde ir con siete hijos. El tipo, además de violento, era alcohólico y supuestamente la noche que mató a mi mamá y a mi hermana estaba borracho. Él las apuñaló y las tiró a un canal de riego que había cerca de mi casa. La autopsia dijo que la muerte fue por inmersión, murieron ahogadas, pero porque estaban apuñaladas. Mi hermana, Marcela Cayupán, tenía 14 años en ese momento y también sufría violencia y abusos por parte de este hombre, que era agresivo con todos”, repasó.

“En ese momento con mis hermanos quedamos todos separados. Tres fuimos con mis abuelos maternos, porque ellos no se podían hacer cargo de seis pibes, y los dos más chicos quedaron con la abuela paterna, que es la que vivía al lado. Después la Justicia se los sacó porque tenía problemas con el alcoholismo. También era peligroso que hubiera menores cerca del canal de riego. Mi hermana menor fue a un hogar, donde finalmente la adoptó una familia. Estuvimos muchos años separados y sin vernos, pero hoy estamos en contacto”, narró Leticia.

En 1994 el término judicial “femicidio” no existía. San Martín fue juzgado por un “crimen pasional” y condenado a 10 años de prisión. Actualmente se encuentra en libertad, pero, afortunadamente, ni Leticia ni sus hermanos lo cruzan. “Creo haberlo visto alguna vez porque su familia vive en la misma ciudad que yo, pero no hemos tenido contacto y no sabemos nada de él, tampoco queremos hacerlo”, señaló la mujer.

Un terreno ocupado

Tras el femicidio, Leticia, María Eugenia y su hermano de 5 años fueron a vivir con sus abuelos maternos a una chacra, que quedaba a ciertos kilómetros del centro de Allen. “Era difícil que pudiéramos ir a la escuela porque nos quedaba lejos y a veces no teníamos para el transporte público, entonces algunas instituciones de la ciudad –como el establecimiento educativo al que concurrían los menores y el centro de asistencia ante situaciones de violencia familiar ‘Manos Entrelazadas’, donde María Margarita había pedido ayuda– le hicieron un pedido a la Municipalidad y al Concejo para que nos cedan un terreno en el pueblo para que pudiéramos estudiar. En ese momento vivíamos en un lugar muy precario, que no tenía ni luz, ni agua potable, teníamos piso de tierra”, detalló Cayupán.

Finalmente, en 1999 el Concejo Deliberante de esta ciudad rionegrina le entregó a la familia un terreno en un barrio, pero como los tres beneficiarios eran menores de edad, la donación se hizo a nombre de la abuela de los niños.

“Nos quedamos con el terreno, pero no teníamos para hacer una vivienda. En el 2010 yo ya era mayor de edad y me fui de la casa de mis abuelos. Trabajaba y alquilaba un inmueble, y me llevé conmigo a mi hermano, que era adolescente. El municipio me ayudaba a pagar la mitad del alquiler, porque me había hecho cargo del menor. En ese momento salió un programa donde daban materiales de construcción para mejorar las viviendas y empezamos a hacer un departamento en el terreno, pero nunca lo terminamos porque al albañil también lo pagaba la Municipalidad y no sé qué pasó que nunca se terminó la obra”, explicó la mujer.

Poco después, el abuelo de los jóvenes les pidió “prestado” el terreno con el objetivo de terminar el departamento y ponerlo en alquiler. “Como yo no iba a ir a vivir ahí y mi hermano se había instalado en otra ciudad porque ya era mayor de edad, se lo di. Mi abuelo lo terminó y lo agrandó, pero en ese momento mi tío, Eduardo Marinao, que era concejal, dijo que tenía dificultades económicas y pidió prestada la propiedad por un tiempo, hasta que se acomodara. Se instaló con su familia, pero a nosotros nunca nos consultaron”, repasó Cayupán.

El conflicto inició en el 2018, cuando falleció el abuelo de los tres hermanos beneficiarios del terreno. En ese momento, le pidieron a su tío que abandone el departamento, pero tuvieron una respuesta negativa y, así, inició un proceso judicial por desalojo, que se extendió hasta estos días.

“Nunca tuvimos buena relación con él, ha sido violento con nosotras. La causa inició hace seis años y a nosotras nos representa la defensora de Pobres y Ausentes, María Cecilia Evangelista. Presentamos toda la documentación que teníamos, dando cuenta de por qué el terreno es nuestro, pero esa ordenanza de 1999 no decía nada de qué pasaba cuando nosotros fuésemos mayores de edad”, dijo Leticia.

En julio del 2023, la jueza Agustina Nafa, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°1, falló a favor de las hermanas Cayupán (el hermano renunció al reclamo, al argumentar que vivía en otra ciudad) porque consideró que el terreno fue cedido a los menores por la historia que acarreaban. Sin embargo, la decisión de primera instancia fue apelada por Marinao, quien aseguró que terminó de construir la vivienda con recursos propios y con autorización de la abuela de Leticia y María Eugenia, quien, en los papeles, era la dueña del terreno. 

El pasado 5 de febrero, los jueces Víctor Darío Soto y Gustavo Martínez, de la Cámara de Apelaciones, revocaron el fallo inicial y entendieron que no había motivos para el desalojo.

“Nuestra abogada intentó pedir que este segundo fallo se revise, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro –con los votos de los jueces Liliana Picchinini, Sergio Barotto y Ricardo Apcarián– no nos autorizó. Lo único que queda por hacer es recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero es difícil revocar un fallo que la provincia ya emitió y no nos permitió revisar”, cerró Cayupán.