Un concejal libertario deberá pagar $12 millones por tocarle la cola a una compañera
El edil Alberto Montes acordó una indemnización millonaria con una empleada municipal que lo denunció por haberla tocado sin su consentimiento. Aunque alcanzó un acuerdo en la Justicia civil, la causa penal sigue avanzando y podría llegar a juicio oral en los próximos meses.
El concejal de La Libertad Avanza en San Isidro, Alberto Montes, enfrenta un complejo escenario judicial tras la denuncia de una trabajadora municipal que lo acusó de haberle dado una palmada en los glúteos sin su consentimiento dentro de una dependencia pública. Aunque acordó pagar una indemnización de 12 millones de pesos en el fuero civil, la investigación penal sigue avanzando y podría derivar en un juicio oral en los próximos meses.
El episodio que dio origen a la causa ocurrió a fines de 2023, cuando Montes y la denunciante trabajaban en el área de Tránsito del municipio. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el entonces empleado municipal se acercó a una trabajadora que se encontraba de espaldas y le dio una palmada en los glúteos. Según se observa en las imágenes, la mujer reaccionó de manera inmediata y luego decidió presentar una denuncia judicial.
Todos violines los libertos.
— Mobur (@moburx2) June 4, 2026
UN CONCEJAL DE SAN ISIDRO FUE FILMADO ACOSANDO A UNA EMPLEADA Y DEBERÁ PAGAR $12 MILLONES
El concejal libertario de San Isidro Alberto Montes fue filmado en noviembre de 2023, antes de asumir, acosando a una compañera de trabajo en el área de… pic.twitter.com/EFuED7iKaN
El caso adquirió una fuerte repercusión pública debido a que Montes había sido electo concejal por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023 y asumió su banca en diciembre de ese mismo año. Antes de llegar al Concejo Deliberante se desempeñó como inspector de tránsito y también integró el cuerpo de bomberos voluntarios.
En paralelo a la causa penal, ambas partes alcanzaron un acuerdo en la Justicia civil. Como parte de ese entendimiento, Montes se comprometió a abonar una indemnización de 12 millones de pesos a la denunciante, suma que será pagada en cuotas y bajo supervisión judicial. Sin embargo, especialistas remarcan que este tipo de acuerdos no implica el cierre automático de las investigaciones penales ni elimina eventuales responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.
De hecho, el expediente penal sigue avanzando. La causa está encuadrada bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia clave luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del concejal. Con ese escenario, crecen las posibilidades de que el caso llegue a juicio oral en los próximos meses, donde se analizarán las pruebas reunidas y se determinará la eventual responsabilidad penal del acusado.
Tras la difusión pública del hecho, Montes sostuvo que el episodio fue malinterpretado y aseguró que se trató de una broma sin intención de causar daño. También destacó que pidió disculpas y remarcó el acuerdo alcanzado con la denunciante. No obstante, sus declaraciones generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres, que rechazaron la caracterización del hecho como una simple broma.
Mientras tanto, la situación política del edil también genera controversia en San Isidro. Referentes de la oposición reclamaron que el Concejo Deliberante adopte una posición institucional frente a la denuncia y cuestionaron que continúe ejerciendo su cargo mientras enfrenta una acusación de esta gravedad. Por ahora, Montes mantiene su banca y seguirá desempeñando sus funciones hasta que exista una resolución judicial o una decisión política dentro del cuerpo legislativo local.
La próxima instancia clave será el eventual juicio oral, donde la Justicia deberá determinar si la conducta registrada por las cámaras constituye un delito penal y cuál es la responsabilidad que le cabe al concejal en los hechos denunciados.