Por Alejandro Maidana
Un intento más, un nuevo camino trasado desde el compromiso ambiental, pero por sobre todo humano, busca cercenar el avance sostenido de un modelo de producción despreciativo de la vida en todo su conjunto. Si bien el monstruo está vivo, flaquea en sus intentos de mantenerse de pie, los profundos impactos sociales que empujó la siembra directa y su paquete tecnológico, se reflejan en el dolor de un país que siembra commodities para seguir cosechando pobreza.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza afecta a 5,9 millones de niños menores de 14 años, de los cuales 16,6 son indigentes. Un número que debería interpelar profundamente a todo aquel que se precie de bien nacido. El modelo agroexportador, culturalmente arraigado, no ha podido solucionar el principal flagelo que atraviesa a la República del monocultivo y el lobby latifundista. La generación de dólares se ha transformado en un verdadero fetiche, si bien los mismos suelen no tocar suelo patrio, ya que rápidamente se licuan en la fraudulenta deuda externa, una trampa de la que solo se puede salir con decisión política y conciencia social.
La Argentina es un reguero de agroquímicos, un sembradío de privilegios para unos pocos que no dudaron a la hora de transformar a este país en un explícito laboratorio a cielo abierto. En nuestro territorio se utilizan más de 500 millones de litros de agrotóxicos por año, pero más precisamente, en donde moran 12 millones de personas, se fumiga utilizando 300 millones de litros de agroquímicos. Un verdadero dislate, un crimen legal que se pasea impunemente anclado en un lobby feroz y un deleznable blindaje mediático.
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Desarraigo, migraciones internas incesantes, contaminación y hambre, este es el combo que garantiza un modelo que difícilmente haya pensado en alimentar a un pueblo que sigue mirando la fiesta organizada por unos pocos desde los márgenes de una historia escrita con la pluma del poder económico, el poder real. Pero claro, mientras tanto y lejos de caer en el derrotismo, distintas organizaciones siguen dando una estoica batalla apoyadas en la ciencia digna, y en los distintos profesionales que no sucumbieron ante la idea predominante de la mercantilización de los saberes.
Enrique Zárate, un abogado que no piensa ceder ante tamaña demostración de desidia
El 25 de setiembre de 1993, tres chicos de la localidad de Zavalla (Santa Fe), cruzaron un campo que acababa de ser fumigado. Allí empapan tanto su piel como sus ropas con el agrotóxico <Di Camba>, un clorofenoxiherbicida pariente del 2-4D, y en menos de 24 horas comenzaron a sufrir vómitos y calambres, teniendo que ser internados de urgencia en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez de nuestra ciudad. A las 48 horas murió Sergio Castillo de 16 años, quedando en grave estado su hermano Héctor de 19 y su amigo Víctor Vargas.
La familia desde el primer momento persiguió justicia, es por ello que intervino el Dr. Zárate, abriéndose el expediente por homicidio culposo Nº 1794, contra Carlos A. Fuca, el dueño del campo. Se halló el agrotóxico <Di Camba> en la orina de los 3 chicos. Pudiéndose demostrar en el juicio, a cargo del juez Julio C. García, que Sergio Castillo murió por intoxicación por plaguicida. Hubo fractura cromosómica en los dos sobrevivientes. Tuvieron daños renales permanentes, y este caso, con el fallo judicial del 27 de junio de 1997, sentó un precedente para otros casos posteriores.
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Sin duda alguna esto serviría como combustible en la búsqueda de justicia ambiental para el abogado rosarino Enrique Augusto Zárate, un incansable luchador que no piensa claudicar pese a la opulencia del poder que se enfrenta. El caso judicial de Zavalla, catapultó un sinfín de ideas que persiguieron en su totalidad, ponerle el cascabel a un modelo envenenador y garante de las penurias más deshumanizantes. “Sin dudas este caso nos movió a seguir investigando, a continuar con los avances de todo aquello que producía un daño irreversible a la salud”, supo decirle a Conclusión a fines de 2019, cuando aún la pandemia no había azotado al globo terráqueo.
Una investigación arrojó que el 50% de las frutas, verduras y legumbres, supera ampliamente los niveles de toxicidad permitidos
Con la intención de avanzar en la búsqueda de datos certeros que no puedan ser refutados, Enrique Zárate decidió iniciar un recorrido por distintas verdulerías y almacenes junto a una escribana, allí tomaron una bolsita y la llenaron de los elementos antes mencionados con el fin último de hacerlos analizar. Los resultados fueron contundentes, se detectó la presencia de agroquímicos, algunos de marcada peligrosidad como el clorpirifos, triplicando muchos de ellos el nivel de toxicidad permitida.
En aquella oportunidad Zárate indicó: “Podemos aseverar que el 50% de las frutas, verduras y legumbres analizadas, superaron ampliamente los niveles de toxicidad permitidos. Toda una alerta que no hizo otra cosa que impulsar aún más nuestro deseo de exigir prontas respuestas en torno a los controles estatales”.
Si bien se avanzó con un amparo tanto en el ámbito provincial como nacional, en el juzgado federal, con respecto a lo concerniente a Santa Fe, la jueza Verónica Gotlieb (Civil y comercial n 13º de Rosario), falló a favor obligando a ambas reparticiones (provincial y municipal) a realizar controles en los mercados de concentración y de productores, e informar sobre los resultados. Cabe destacar que esto jamás se efectivizó.
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La realidad nos golpea con su mano más pesada, mientras tanto, quiénes deberían velar por la salud de quiénes habitan este fumigado lugar, prefieren proteger la violación constante de la Constitución Nacional, a tener que proteger los derechos humanos básicos de las mayorías. Por todo lo antes mencionado, Enrique Zárate sigue insistiendo e interpelando al poder judicial y estatal para que se hagan cargo de un ataque sistemático a la salud de quiénes habitan un suelo arrasado por la avaricia y la impunidad.
Proyecto de ley para disminuir el uso de agroquímicos
Insistir hasta vencer, al menos hasta que la dignidad se haga costumbre. El último informe de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), caló muy hondo en la humanidad de este abogado que no se resigna y doblega la apuesta desde el derecho ambiental que abraza. En dicho informe, se recopiló información científica actualizada, generada local y mundialmente, sobre pesticidas y salud infantil, tema que tiene un fuerte impacto en la salud colectiva de los argentinos y de los niños en particular. Reconociendo el carácter tóxico de los pesticidas, y nombrándolos como lo que son: «AGROTÓXICOS».
Los efectos en la salud de los niños son evidentes y están demostrados por minuciosos estudios tanto científicos como epidemiológicos, allí se explicita como en los pueblos agrícolas más del 40 % de los niños tienen síntomas de asma, sobre todos en los meses de aplicación de agrotóxicos. “Esto se acrecienta principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando en las ciudades grandes como Rosario, Córdoba, Mar del Plata o Buenos Aires, solo el 12% de los niños sufren cuadros asmáticos”, indicó Medardo Ávila Vázquez cuando fue consultado por este medio.
Volviendo al proyecto de ley, el mismo fue presentado por Enrique Zárate el 13 de agosto de este año en el Congreso de la Nación. La intención manifiesta es que se lleve adelante un proceso gradual de reducción de agroquímicos que contempla un plazo de casi 10 años, similar al que impulsa Francia. El objetivo, tal cual lo expone el proyecto, insta a “reducir gradual y continuamente la disponibilidad, acceso y uso de agroquímicos para disminuir hasta eliminar la carga de exposición en la población argentina y reducir el riesgo y el daño para la salud colectiva y reconvertir las prácticas agrícolas desde una matriz sostenible en el uso de agrotóxicos, hacia una agricultura libre de venenos y de carácter agroecológica con estímulos a las mismas”.
