Por Alejandro Maidana
Es hora de poner los huevos en la canasta, de trabajar por y para el pueblo en su totalidad, avanzando a paso firme en la tan necesaria soberanía alimentaria. Después de acumular un sinfín de pruebas científicas y médicas, que le atribuyen a los agroquímicos la facultad de atentar severamente contra la salud, la justicia santafesina falló a favor de la vida.
Este fallo le ordena tanto al gobierno provincial como municipal, a realizar controles semanales por presencia de agrotóxicos en verduras y frutas. La justicia de Santa Fe también sostuvo que los Ejecutivos deben mantener informada a la población a través de un portal web. A priori, una noticia que debe ser celebrada por todos, ya que llevar a nuestra mesa alimentos saludables es un derecho humano impostergable.
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El actual modelo agroindustrial en base a venenos y transgénicos se encuentra en crisis, esto es irrefutable, la transición hacia a la agroecología debe avanzar de manera sostenida y respaldada de manera responsable por el Estado. Por ello, el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate, en articulación con el Taller Ecologista de Rosario, impulsaron una conferencia de prensa con la firme intención de visibilizar la necesidad de que se hagan efectivos los controles sobre frutas, verduras y legumbres.
El caso Castillo, un faro en el extenso e invaluable derrotero de Enrique Augusto Zárate
El 25 de setiembre de 1993, tres chicos de la localidad de Zavalla (Santa Fe), cruzaron un campo que acababa de ser fumigado. Allí empapan tanto su piel como sus ropas con el agrotóxico <Di Camba>, un clorofenoxiherbicida pariente del 2-4D, y en menos de 24 horas comenzaron a sufrir vómitos y calambres, teniendo que ser internados de urgencia en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez de nuestra ciudad. A las 48 horas murió Sergio Castillo de 16 años, quedando en grave estado su hermano Héctor de 19 y su amigo Víctor Vargas.
La familia desde el primer momento persiguió justicia, es por ello que intervino el Dr. Zárate, abriéndose el expediente por homicidio culposo Nº 1794, contra Carlos A. Fuca, el dueño del campo. Se halló el agrotóxico <Di Camba> en la orina de los 3 chicos. Pudiéndose demostrar en el juicio, a cargo del juez Julio C. García, que Sergio Castillo murió por intoxicación por plaguicida. Hubo fractura cromosómica en los dos sobrevivientes. Tuvieron daños renales permanentes, y este caso, con el fallo judicial del 27 de junio de 1997, sentó un precedente para otros casos posteriores.
“Sin dudas este caso nos movió a seguir investigando, a continuar con los avances de todo aquello que producía un daño irreversible a la salud”, le dijo a Conclusión Enrique Augusto Zárate, un abogado que por iniciativa propia e impulsado por una fuerte empatía, no ha cesado en las investigaciones en torno a la utilización de agroquímicos en las agricultura industrial.
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En más de una oportunidad y desde hace mucho tiempo atrás, Zárate viene solicitando de manera insistente informaciones ambientales que jamás han llegado a sus manos, por ello decidiría dar un paso fundamental. “Avanzamos con un amparo tanto en el ámbito provincial como nacional, en el juzgado federal. Hoy nos convoca lo concerniente a Santa Fe, ya que la resolución que ha salido a favor, es propiedad de la jueza Verónica Gotlieb (Civil y comercial n 13º de Rosario), la misma obliga a ambas reparticiones (provincial y municipal) a realizar controles en los mercados de concentración y de productores, e informar sobre los resultados”.
Para hacer aún más tangible la realidad a lo que los consumidores nos enfrentamos, el letrado llevó adelante un rastreo, muestreo y posterior análisis de una serie de frutas, verduras y legumbres, que arrojarían un resultado sumamente preocupante. “El recorrido lo hicimos junto a una escribana, tomamos una bolsita y la llenamos de estos elementos para luego llegarnos a la Bolsa de Comercio, allí cuentan con maquinaria sumamente equipada para realizar todo tipo de estudios”, comentó.
El resultado sería impactante, “se detectó la presencia de agroquímicos, algunos de marcada peligrosidad como el clorpirifos, triplicando muchos de ellos el nivel de toxicidad permitida. Cabe destacar que estos tóxicos son disruptores endocrinos y en algunos casos mutagénicos, quiere decir que las células mutan al dañarse el ADN, una puerta abierta para que pueda ingresar el cáncer”.
Sobre el porcentaje que superaba los niveles permitidos en los elementos relevados, Enrique Zárate indicó: “Podemos aseverar que el 50% de las frutas, verduras y legumbres analizadas, superaron ampliamente los niveles de toxicidad permitidos. Todo un alerta que no hizo otra cosa que impulsar aún más nuestro deseo de exigir prontas respuestas en torno a los controles estatales”.
A través de la orden judicial n°27 dictada el 12 de julio de este año, se pudieron acordar una serie de términos, entre ellos que se efectúen un mínimo de muestras semanales, que van a ser 4, dando un total en el semestre de 104. “Luego los resultados deberán ser volcados a una web, esto deberá repetirse cada 6 meses con el asesoramiento de la facultad de Química del Litoral, con amplia experiencia en el tema. Lo importante en esto es que se va a buscar la trazabilidad, es decir, de donde viene el producto, quién lo produce, de no poder saber esto, el responsable máximo será el puestero, la persona que tiene descargada la mercadería en su piso de venta”, concluyó el abogado ambientalista.
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El mayorista que no mencione el origen de la cadena distributiva del producto tóxico, deberá abonar severas multas, pudiendo sufrir también el decomiso de su mercadería. Daría la impresión que la justicia santafesina se ha puesto finalmente los pantalones largos, el derecho a una alimentación saludable es menester de cada habitante de esta tierra desecha por un modelo productivo deleznable. ¿Se aplicarán los controles? ¿El Estado estará a la altura de las circunstancias? Las respuestas moran en nosotros, los consumidores, allí se encuentra la piedra basal que puede torcer una realidad beneficiosa solo para una desprejuiciada minoría.
