El Gobierno francés superó este lunes dos votaciones en la Asamblea Nacional destinadas a bloquear la reforma que busca elevar la edad jubilatoria de 62 a 64 años, que ahora queda automáticamente adoptada tras su aprobación por decreto por el presidente Emmanuel Macron.

La reforma jubilatoria es rechazada por la mayor parte de la opinión pública francesa y ha suscitado masivas protestas y al menos nueve huelgas generales en Francia desde mediados de enero.

Macron la aprobó por decreto la semana pasada tras su media sanción en el Senado ante el temor a su rechazo en la Asamblea Nacional, donde la votación se evitó gracias a que la primera ministra Élisabeth Borne invocó un artículo constitucional que da al presidente tal potestad.

En señal de rechazo y en medio de acusaciones de autoritario a Macron, partidos opositores presentaron a votación este lunes en la Asamblea Nacional dos mociones distintas para destituir al Gobierno de Borne, lo que, al mismo tiempo, habría bloqueado la reforma jubilatoria.

La moción de censura al Gobierno presentada por el grupo independiente LIOT con el apoyo de la izquierda recibió 278 votos de los 287 necesarios, en una votación más ajustada que lo esperado.

Una segunda votación, presentada por el partido de extrema derecha de la líder Marine Le Pen, recabó solo 94 votos.

La alianza de izquierda Nupes, la extrema derecha y los diputados independientes de LIOT habían avanzado en su intención de tumbar el gobierno y la reforma y, aunque la oposición de derecha Los Republicanos (LR) se oponía, una veintena de sus diputados votaron a favor.

Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa, pese a que dos de cada tres franceses, según los sondeos, lo rechazan.

Borne defendió ante los diputados una reforma que busca paliar, a su juicio, un futuro déficit en la caja de las pensiones, el esfuerzo para lograr un «compromiso» y el método utilizado para aprobarla.

La ultraderecha aparece reforzada en los sondeos con el conflicto social actual y una de sus diputadas, Laure Lavalette, urgió a Macron a disolver la Asamblea como amenazó en caso de revés a su reforma.

Con rutas bloqueadas, transportes perturbados, el aeropuerto de Tarbes-Lourdes del sur de Francia invadido, miles de toneladas de basura en las calles de París, falta de combustible en el sureste, los sindicatos han multiplicado las acciones de protesta.

Francia tiene una de las edades de jubilación más bajas de la UE y, en un contexto de mayor esperanza de vida, el gobierno defiende que la reforma permitirá lograr el «equilibrio» en la caja de las pensiones para 2030.

La oposición de izquierda prepara también recursos ante el Consejo Constitucional para retrasar su aplicación y estudia iniciativas para promover un referéndum sobre la misma.