La medida afecta al mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, «comandante de la Operación Andrómeda», en la que inteligencia del ejército realizaba seguimientos a los representantes del gobierno en el proceso de paz, detalló anoche la Procuraduría (Ministerio Público) en un comunicado.
También vincula al cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, enlace entre la central de inteligencia y el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa, así como al cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, miembro de la operación.
Según el Ministerio Público, Moreno Montes obtuvo «de manera indebida» información de seguridad nacional con datos de desmovilizados.
La acusación formal contra los militares se conoció a pocas horas de la reunión que el presidente Juan Manuel Santos y delegados de la FARC mantendrán hoy en Cartagena de Indias para realizar un balance sobre el avance de la implementación de los acuerdos de paz, y sobre todo las cuestiones pendientes de resolución, que recibieron quejas varias de parte de los desmovilizados.
Betancur Sánchez fue acusado por Sepúlveda de intentar venderle 100 correos electrónicos de personas que se encontraban en la mesa de negociación de La Habana, además de software para monitorear celulares, por lo que «recibió contraprestación económica, conducta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo».
Asimismo, la Procuraduría formuló cargos contra Guerrero Herrera por «posible incumplimiento a sus deberes y funciones, porque al parecer no ejerció control sobre los suboficiales a su cargo y presuntamente permitió desarrollar, utilizar y ofrecer en venta herramientas e información de carácter reservado», agregó la información.
La Operación Andrómeda fue puesta al descubierto el 4 de febrero de 2014 por la Fiscalía, que encontró que un restaurante de Bogotá era utilizado por militares como centro para operaciones de espionaje.
