La ONG Amnistía Internacional (AI) anunció que asistirá la semana que viene a la audiencia previa de los dos psicólogos contratados por la CIA «responsables del programa de tortura de Estados Unidos» en la base de Guantánamo durante los interrogatorios a sospechosos de haber participado en los atentados del 11 de septiembre del 2001.

El principal objetivo de estas audiencias es dilucidar si las declaraciones de los implicados en los atentados fueron contaminadas tras ser torturados y en ese caso si deberían excluirse de las evidencias que se presentarán en el juicio sobre el ataque a los Torres Gemelas, consignó la agencia de noticias Europa Press.

En ese sentido, AI denunció que los cinco acusados podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua sin son declarados culpables por los tribunales militares, cuyos procedimientos, alertó, «no cumplen con los estándares internacionales de un juicio justo».

La ONG recordó, en particular, los casos de James E. Mitchell y John Bruce Jessen, dos psicólogos contratados por el gobierno norteamericano para implementar nuevas «técnicas mejoradas de interrogatorio» a fin de hacer testificar a cinco posibles sospechosos de los ataques.

Entre las nuevas técnicas se incluían el confinamiento en celdas pequeñas, golpes, privación del sueño, así como el submarino, una técnica de ahogamiento.

«El trabajo perverso de estos psicólogos ha retrasado dramáticamente la lucha global contra la tortura», denunció la abogada experta en Derechos Humanos de AI Julia Hall.

«En lugar de rendir cuentas, las personas responsables del programa de tortura de Estados Unidos, incluidos Mitchell y Jessen, han sido protegidas y, en algunos casos, promovidas. La CIA no erradicará los abusos de los Derechos Humanos en el corazón de su programa antiterrorista», lamentó Hall, para quien esta «impunidad es una mancha en la historia» del país.

«La tortura nunca está justificada y cualquier persona que la use debe rendir cuentas», subrayó.

La ONG explicó «que los funcionarios del gobierno que estuvieron involucrados en la tortura y en los malos tratos a detenidos en el curso de la «guerra contra el terror» de Estados Unidos deben rendir cuentas», al mismo tiempo que «los detenidos en Guantánamo deberían ser liberados o juzgados de inmediato en la Corte Federal».

En ese sentido, refirió que la base naval de Guantánamo, en territorio cubano, debe también ser cerrada por los numerosos casos de violaciones contra los Derechos Humanos que se cometen dentro de sus muros.