Detener a personas arbitrariamente es un fenómeno «cotidiano y frecuente» en México, que abre el camino a otras formas de violaciones a los derechos humanos, como la tortura, señaló un informe difundido hoy por Amnistía Internacional.
«Lo que encontramos fue lo que ya nos habían dicho las víctimas hace muchos años: que las detenciones arbitrarias son muy comunes en el país, que es la forma habitual del trabajo de la policía», dijo Carlos Zazueta, investigador para México de AI y uno de los autores del informe.
En casi 50 páginas, el informe «Falsas Sospechas: detenciones arbitrarias por la policía en México», explicó las formas en las que se realizan las detenciones por parte de la policía y las fallas en el sistema de Justicia que permiten este problema.
Según la ONG, este tipo de detenciones ocurren sobre todo cuando se arresta a una persona en flagrancia, es decir, en el momento en el que se estaba cometiendo un delito. Se trata de la forma de detención más habitual en México.
«Los arrestos a las personas que supuestamente estaban cometiendo un delito al ser aprehendidas no suelen funcionar como una respuesta auténtica para enfrentar los delitos cometidos en el país, sino que son utilizados por las autoridades de forma ilegal», señaló el duro informe, uno de los tantos que AI le ha dedicado a México en los últimos años, para incomodidad del mandatario.
En base a unos 100 casos documentados en los últimos 10 años y a 25 entrevistas con funcionarios públicos y agentes policiales, AI dijo que es frecuente «sembrar» pruebas para inculpar a alguien y detenerlo. En los casos en los que no es así, las autoridades no siempre cumplen con los requisitos establecidos en el marco legal.
El estudio advirtió además que los arrestos en supuesta flagrancia sirven para «legitimar la actuación de las autoridades» porque transmiten la imagen de un trabajo eficaz. «Es cuando el Estado se ve y se siente más exitoso», dijo el informe, citado por la agencia de noticias DPA.
Para Amnistía el problema no está en que haya arrestos, sino en que no se cumplan los requerimientos legales y en que se llegue al punto de simular delitos. «Las flagrancias le sirven al Estado sean legales o no. Hay flagrancias que se crean».
Las irregularidades van desde mentir en los partes policiales (según el informe, muchas veces los hacen policías que no participaron del arresto), retrasar la presentación del detenido ante el Ministerio Público, no informar al agraviado el motivo de la detención, hasta sembrar evidencias falsas o hacer uso de la violencia para arrancar una confesión, sea o no verdadera.
«Esto responde a muchas motivaciones, como algún interés político o a querer dar un ‘carpetazo’ a un caso para terminarlo rápido o para extorsionar a personas», explicó Zazueta, quien agregó que no tienen una cifra exacta de incidencia «porque es casi imposible de calcular. Ninguna autoridad lo registra».
Otros casos se dan porque un tercero paga para arrestar a alguien por represalia o cuando la detención se da por un delito menor -a veces falso- para iniciar una investigación por algo más grave.
El informe, además, identificó como principal grupo de riesgo a los hombres jóvenes que pertenecen a alguna comunidad indígena, que sean migrantes o que se encuentren en estado de extrema pobreza, puesto que son vistos automáticamente como «sospechosos» por parte de los agentes policiales.
