El abogado Javier Garin reclamó que se investigue, además, la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La denuncia cayó sobre el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien acompañó a la familia de Santiago Maldonado en una presentación realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se acusó al Estado argentino de negar el acceso a la justicia.
Los atacantes la amenazaron con armas de fuego y le manifestaron que estaban ahí para matarla, no para robarle, porque -según dijeron- les habían pagado para eso.
El dirigente sindical expuso que esta acción podría ser parte de un plan para privatizar gradualmente la empresa, a través de la venta de áreas petroleras operativas.
El pedido de la fiscal federal Paloma Ochoa se dio a raíz de la denuncia del dirigente social Juan Grabois, quien acusó a la ministra Sandra Pettovello de dejar de mandar alimentos a más de 1.200 comedores barriales.
La abogada de la periodista deportiva aseguró que "hay muchas pruebas que están en etapa de investigación", a la vez que dijo que van a solicitar una pena de "20 años a la Justicia".
La denuncia, que presentó la abogada Silvina Martínez, quedó a cargo del juzgado federal 11 de la ciudad de Buenos Aires, subrogado por el juez Julián Ercolini.
Se trata de Horacio Liendo, cuyo estudio jurídico fue contratado para asesorar al nuevo directorio del Banco Nación en la privatización de esta entidad. Por este trabajo, que durará 150 días, la consultora se llevará más de 62.800 millones de pesos.
La presentación penal fue realizada por un grupo de organizaciones, según lo dio a conocer el exdiputado Claudio Lozano.
La presentación judicial está firmada por la CTA Autónoma; Asociación Civil, Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias (En Foco); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; entre otros.
Fue en el marco de la sesión especial que trata la ley ómnibus y aludieron al DNU, Agustina Propato de Unión por la Patria y Fernando Carbajal de la Unión Cívica Radical denunciaron irregularidades, delitos y animosidad política del Ejecutivo y del titular de diputados por incumplimiento de funcionario público.
El parlamentario tomó la palabra y explicó que por una cuestión de agilidad se haría el listado de los temas que se excluían del tratamiento de la ley.