Denuncian al juez de la quiebra de SanCor por presuntas irregularidades
Un síndico llevó el caso ante la Corte Suprema de Santa Fe y acusó al magistrado Marcelo Gelcich de montar un esquema para concentrar funciones, desplazar controles independientes y favorecer operaciones sin la debida transparencia en el proceso concursal de la histórica cooperativa láctea.
La quiebra de SanCor quedó envuelta en una fuerte controversia judicial luego de que uno de los síndicos del proceso denunciara ante la Corte Suprema de Santa Fe al juez Marcelo Gelcich por presuntas “graves irregularidades” en la conducción del expediente. La presentación sostiene que el magistrado habría impulsado un mecanismo destinado a neutralizar los controles de la sindicatura, concentrar decisiones clave y condicionar el manejo de activos millonarios de la cooperativa.
La denuncia apunta al funcionamiento del proceso concursal y cuestiona la creación de una estructura paralela de administración dentro del expediente. Según el escrito, Gelcich habría designado de manera directa a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, sin recurrir al sorteo previsto por la normativa vigente. Aunque inicialmente su tarea consistía en asistir a la sindicatura ante las dificultades para acceder a información de la empresa, el denunciante asegura que terminó asumiendo funciones propias de los síndicos.
De acuerdo con la presentación, esta situación derivó en una progresiva pérdida de facultades de control por parte de los síndicos independientes. El documento describe una división interna en la sindicatura, mientras Juan Tomat y Oscar Epstein mantenían una postura de fiscalización estricta, el tercer integrante, Ignacio Pacheco, habría acompañado las decisiones impulsadas desde el juzgado y la coadministración.
Entre las irregularidades señaladas figuran operaciones comerciales que, según el denunciante, fueron impulsadas sin mecanismos adecuados de competencia. En uno de los casos mencionados, la intervención de la sindicatura independiente habría permitido mejorar en 635.000 dólares el valor de una transacción. Sin embargo, el episodio más delicado está relacionado con la desaparición de 24.640 kilogramos de queso que se encontraban bajo resguardo judicial mediante warrants.
El síndico sostiene que el valor de esa mercadería, estimado en al menos 209.440 dólares, nunca ingresó a las cuentas bancarias del juzgado. Según la denuncia, lejos de avanzar con una investigación, el magistrado rechazó los planteos realizados, validó un acuerdo posterior entre las partes involucradas y aplicó sanciones a quienes habían advertido sobre el faltante.
Además, la presentación describe un supuesto mecanismo de hostigamiento contra los síndicos que mantenían posiciones críticas. Según el relato, se imponían plazos de difícil cumplimiento para luego sancionar a los responsables y transferir sus funciones a la coadministradora. En ese contexto, Oscar Epstein presentó su renuncia, vacante que no fue cubierta mediante un nuevo sorteo, tal como establece el procedimiento habitual.
El denunciante también cuestionó la tasación de las unidades productivas de SanCor, al considerar que fue realizada en plazos reducidos y con valores que podrían perjudicar los intereses de los acreedores. Por ello, solicitó a la Corte Suprema santafesina la apertura de una investigación urgente, la adopción de medidas de protección para garantizar la independencia de la sindicatura y la instrucción de un sumario administrativo para evaluar la conducta del magistrado.