sábado, 24 de agosto de 2019
Además, 110 empresas declararon la quiebra en lo que va del 2019, y ya implica un 5 por ciento más que el 2018.
La firma -que emplea a más de 500 personas- informó a través de un comunicado que solicitó el concurso por las dificultades financieras que atraviesa como consecuencia de la crisis económica nacional.
La cadena de supermercados, que cuenta con 21 sucursales en el norte del país, le debe a sus 1200 trabajadores el sueldo de junio y el medio aguinaldo.
La crisis económica afectó la situación financiera de la firma y por tal motivo se inició un concurso de acreedores para evitar la quiebra, provocando incertidumbre entre los 104 trabajadores que emplea.
De esta manera, la empresa se declaró insolvente ante sus empleados, y les comunicó que no tiene fondos para pagarles los salarios ni para reponer mercadería en sus sucursales.
Se trata del mayor proceso de recuperación judicial de la historia de Brasil, con una deuda que supera los 98.000 millones de reales (más de US$ 25.000 millones) aunque gran parte de la deuda (84.000 millones) corresponden a créditos concursales y están sujetos a recuperación judicial.
La empresa dedicada a la fabricación de accesorios para artefactos a gas, quebró debido a una deuda con la Afip por impuestos impagos. Los trabajadores ya presentaron el proyecto de cooperativa y aguardan una respuesta.
La empresa se encuentra en riesgo de pedir el concurso de acreedores o iniciar la liquidación, indicó un informe publicado hoy por la cadena española, reproducido por la agencia EFE.
El correo privado más grande de la argentina, en convocatoria de acreedores desde 2017, posee una deuda de $4.500 millones con la Afip más $2.300 de pasivo posconcursal y $1.300 millones de deudas bancarias.
Se trata de una resolución para cancelar la personería gremial del SUPA, por una causa de quiebra.
La empresa acumula deudas por más de 1.350 millones de dólares.
El caso de Coca Cola-Femsa (luego retraído) puso en el centro de la agenda mediática una realidad acuciante que viven muchas firmas y se ha recrudecido desde el estallido de la crisis en 2018. En Santa Fe, alrededor de 20.000 empleos peligran bajo esta figura jurídico-financiera.