La presidenta autoproclamada Jeanine Áñez Chávez emitió un decreto que le permite a las Fuerzas Armadas reprimir las protestas sociales sin responsabilidad penal.
«El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad», establece el decreto.
El documento añade: «Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos», lo que traducido significa que las fuerzas de seguridad tienen autorización para contrarrestar las manifestaciones con armas de fuego.
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Por otro lado, el decreto aclara que «todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales».
El decreto se escribió el día jueves y está sellado el día viernes, es decir el día de la feroz represión en Bolivia contra los ciudadanos que respaldan a Evo Morales, en el que fueron asesinadas al menos ocho personas.
La grave represión tuvo lugar en la ciudad de Chochabamba, donde una multitud se concentró para hacer respetar el orden constitucional y protestar contra el Gobierno de facto de Añez.
La escalada de represión en Bolivia se acrecentó en las últimas horas. Por ello, organismos de Derechos Humanos expresaron su preocupación por el accionar de las Fuerzas Armadas.
Pronunciamiento y condena de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó ayer el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones que transcurren en Cochabamba (Bolivia), a partir de la reciente salida del expresidente Evo Morales.
El organismo de la OEA se pronunció tras el reporte de cinco víctimas mortales (hoy sábado se desconoce la cifra exacta de mueros) y cientos de personas heridas y detenidas. «Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales», escribió la CIDH en su cuenta de Twitter, que acompañó con fuertes imágenes de las personas fallecidas.
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Además, la CIDH recordó al Estado boliviano su «obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente». Asimismo, expresó su preocupación por el accionar de las fuerzas armadas en las operaciones que han llevado a cabo esta semana.
«Los estándares Interamericanos establecen el deber de limitar al máximo su participación en el control de disturbios internos», precisó la organización.
Por otra parte, la Comisión cuestionó el «uso indiscriminado de gas lacrimógeno» y denunció que solo en la jornada del viernes, hubo numerosas personas heridas, 5 fallecidas debido a las balas y 3 periodistas agredidos mientras ejercían su labor, y señaló que las protestas en el país andino son blanco de una «intensa represión».
Finalmente, el organismo expresó su «grave preocupación por las amenazas de expulsión de autoridades», así como por las agresiones contra reporteros, y solicitó «facilitar su labor». Todas las denuncias estuvieron acompañadas de imágenes que demuestran la situación que enfrenta actualmente la sociedad boliviana.
