Caos en los hospitales paraguayos: renuncia masiva de médicos pone en jaque al Gobierno

La salud pública de Paraguay atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La renuncia masiva de médicos especialistas en hospitales de referencia profundizó un conflicto que arrastra reclamos desde hace más de una década y que incluye salarios estancados, falta de personal, desabastecimiento de medicamentos e insumos y condiciones laborales que los profesionales consideran insostenibles. La situación escaló luego de que cientos de especialistas pusieran sus cargos a disposición del Ministerio de Salud Pública, entre ellos profesionales de áreas críticas como neonatología, terapia intensiva pediátrica, cirugía pediátrica y anestesiología. Las dimisiones alcanzan a hospitales de Asunción, el departamento Central y otras regiones del país.

El Ministerio de Salud Pública, encabezado por María Teresa Barán desde el inicio del gobierno de Santiago Peña en agosto de 2023, sostiene que hasta el mediodía de este lunes había recibido formalmente 62 renuncias a través de mesa de entrada.

Desde el Gobierno también rechazaron las denuncias sindicales sobre una supuesta retención de documentos en las direcciones de los hospitales. El director general de Gabinete de la cartera sanitaria, Juan Marcelo Estigarribia, calificó de “muy temerarias” las acusaciones sobre un supuesto “cajoneo” de los expedientes.

Los gremios, en cambio, aseguran que la cantidad de profesionales que pusieron sus cargos a disposición supera ampliamente los registros formales contabilizados por el Ministerio y advierten sobre un posible escenario de colapso en servicios esenciales.

La situación tomó especial gravedad en el Hospital Nacional de Itauguá, donde el director general, Miguel Ferreira, el director médico, José Espínola, y los jefes de departamentos y servicios pusieron sus cargos a disposición del Ministerio de Salud.

En total, serían alrededor de 100 cargos jerárquicos los que quedaron en manos de la cartera sanitaria. La medida se produjo ante la salida de numerosos especialistas y la posibilidad de que algunos servicios queden sin responsables.

Luis Meza, vocero de los servicios del hospital, advirtió que los responsables de las distintas áreas podrían concretar sus renuncias si el Gobierno no muestra predisposición para alcanzar una solución al conflicto. En el mismo establecimiento, 46 médicos de terapia neonatal y 25 de terapia intensiva pediátrica presentaron sus renuncias. A ellos se suman unos 30 anestesiólogos y 10 cirujanos pediátricos que también anunciaron su salida.

Los profesionales sostienen que el conflicto es consecuencia de un deterioro acumulado de las condiciones laborales. Uno de los principales reclamos apunta a los salarios permanecen estancados desde 2012, denunciaron los médicos.

El sector reclama elevar la remuneración de cinco a ocho millones de guaraníes por un vínculo laboral de 12 horas semanales, además del pago doble de los feriados trabajados, la incorporación de más personal y la regularización de trabajadores contratados.

Según datos difundidos por los propios médicos, de unos 11.000 profesionales que integran el sistema público paraguayo, alrededor de 9.000 son contratados.

Los gremios también cuestionan la falta de reposición de profesionales que se jubilan y advierten que la reducción de personal genera una sobrecarga creciente sobre quienes permanecen en los hospitales.

El conflicto no se limita a la cuestión salarial. Los médicos denuncian además serias deficiencias en infraestructura, equipamiento e insumos básicos.

En el área de Urgencias del Hospital Nacional de Itauguá, los profesionales aseguran que ingresan diariamente entre 25 y 35 pacientes y que algunos permanecen durante meses en espacios que originalmente no fueron destinados a internación.

Los pasillos fueron adaptados en algunos sectores como salas de internación o terapia. Los médicos denuncian faltantes de jeringas, sondas, antibióticos y otros elementos esenciales, además de dificultades para acceder al equipamiento necesario para pacientes críticos.

Según los profesionales, en determinadas ocasiones las familias deben colaborar económicamente para conseguir materiales e incluso algunos médicos terminan aportando dinero de sus propios bolsillos.

También describieron situaciones en las que pacientes intubados requieren ventilación manual mediante un resucitador mientras esperan una cama o un equipo de terapia intensiva y advierten que estas condiciones generan un fuerte desgaste y dificultan la atención de pacientes derivados desde hospitales del interior y centros asistenciales de menor complejidad.

El conflicto también alcanzó a otros establecimientos de referencia del país. Tras una semana de huelga sin acuerdo con el Gobierno, más de 300 médicos de hospitales públicos presentaron sus renuncias, según datos difundidos por el sector. Uno de los casos más críticos se registra en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, donde 41 de los 43 médicos terapistas presentaron su renuncia. También lo hizo la totalidad de los cirujanos pediátricos, alrededor de 40 profesionales.

En el Hospital de Trauma, en tanto, se registraron 35 renuncias de anestesiólogos. Además, la salida de especialistas también alcanza al Hospital Materno Infantil de San Pablo, en Asunción, donde 25 neonatólogos presentaron sus renuncias en medio de la movilización de los profesionales. A nivel nacional, los médicos también informaron la salida de especialistas en cirugía pediátrica, neurocirugía, anestesiología y terapia intensiva pediátrica.

Los profesionales aclararon que las renuncias no implican un abandono inmediato de los pacientes, debido a los períodos de preaviso establecidos para los distintos vínculos laborales. En el caso del Hospital Acosta Ñu, la atención estaría garantizada durante al menos 10 días para los médicos nombrados y hasta 30 días para los contratados, mientras se espera una respuesta oficial.

Desde el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), su secretaria general, Rosanna González, sostuvo que las renuncias constituyen una expresión de disconformidad del sector y no una medida de extorsión. Los profesionales insisten en que el objetivo es obtener una respuesta del Gobierno a sus reclamos laborales y, al mismo tiempo, garantizar condiciones adecuadas para brindar atención a los pacientes.

La disputa también se instaló en torno a la cantidad real de renuncias y a la forma en que los hospitales están registrando y procesando los documentos presentados por los médicos.

Por su parte, la ministra de Salud, María Teresa Barán, cuestionó anteriormente la viabilidad del aumento salarial solicitado y planteó que el reclamo debe analizarse dentro de la carrera sanitaria. También advirtió sobre el impacto que una suba generalizada podría generar en otros sectores del sistema público.

Ante la escalada del conflicto, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció que el Poder Legislativo asumirá un papel de mediación entre los médicos, el Ministerio de Salud y el presidente Santiago Peña.

El Gobierno enfrenta ahora el desafío de encontrar una salida antes de que las renuncias comiencen a hacerse efectivas y profundicen la falta de especialistas en áreas esenciales.

En Itauguá, las autoridades ya advirtieron que los servicios continuarán funcionando de acuerdo con su capacidad real, en un escenario marcado por la falta de personal, el aumento de pacientes y las dificultades para garantizar insumos y equipamiento.

La crisis, de esta manera, trasciende el reclamo salarial y expone problemas estructurales del sistema de salud pública paraguayo, la dependencia de profesionales contratados, la falta de especialistas, el deterioro de las condiciones laborales y las dificultades para garantizar una atención adecuada en hospitales de referencia.