El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que sucedió a la guerrilla homónima tras el acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia, denunció un «crecimiento exponencial» de los asesinatos de excombatientes.

«Esto es un exterminio sistemático. Es la cuota de sangre que estamos pagando por construir a una nueva sociedad en paz. Desafortunadamente, contamos con un Gobierno que no tiene entre sus radares la implementación del acuerdo, sino que busca una paz mediática, que a los territorios no les deja nada; solo el aumento de violencia y asesinatos», dijo la senadora de la FARC Sandra Ramírez, citada por Caracol Radio.

Según el último informe elaborado por ese partido, 216 exguerrilleros fueron asesinados desde la firma de la paz con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.

Más de la mitad de estos homicidios, unos 112, tuvieron lugar en los últimos 18 meses, entre febrero de 2019 y julio de 2020.

En concreto, el reporte registró dos crímenes en 2016, 34 en 2017, 66 en 2018, 81 en 2019 y 33 en lo que va del año, mientras que los departamentos con más asesinatos fueron Cauca (37), Nariño (26) y Antioquia (24), consignó la agencia de noticias Europa Press.

Una estadística que, según la legisladora, se debe a la «lucha histórica de los campesinos por sus tierras, el flagelo de las mafias del narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales y la alta militarización, que antes que dar seguridad, aumenta los riesgos y amenazas».

Además, se contabilizaron 11 ataques de la Fuerza Pública, en departamentos como Cauca, Antioquia, Chocó y Arauca.

«El presidente Iván Duque tiene el deber de velar por todos los ciudadanos del país. Lo que ocurra o no en un país es responsabilidad del Gobierno. Tienen que velar por lo que pasa en los territorios con el narcotráfico. ¿Por qué no se implementa el acuerdo?», se preguntó Ramírez.

Ante esta situación, la FARC decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para solicitar medidas cautelares.

Asimismo, la formación entregó informes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a los países garantes «para que se den cuenta de lo que sucede en Colombia, particularmente con los excombatientes de las FARC», precisó la senadora.

«Esto no es un problema de las FARC. Se trata de la crisis que tenemos como sociedad. ¿Cómo superamos haber estado inmersos en un conflicto social y armado?¿Cuál es el cambio que queremos ahora, ya que tenemos la tan importante herramienta del acuerdo de paz? La guerra en un negocio muy lucrativo para la clase corrupta y gobernante, pero volver a la guerra, retroceder a Colombia, no es una opción«, sentenció.