Figuras políticas de Bolivia denunciaron que el gobierno de facto de ese país, a más de dos semanas de asumir al poder tras un golpe de Estado, persigue políticamente a líderes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS).

Este lunes, la Fiscalía de facto emitió una orden de detención contra Juan Ramón Quintana, quien fue ministro de la Presidencia de Evo Morales, bajo los cargos de «sedición», «instigación a delinquir» y «financiamiento del terrorismo».

Según el documento, se responsabiliza a Quintana de alentar las manifestaciones populares en diferentes localidades del país para rechazar el golpe de Estado y la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta.

Por su parte, Arturo Murillo, ministro del Gobierno de facto, anunció la detención de Quintana como «una cacería». En este sentido, el funcionario había prometido el lunes que iba a encarcelar a Evo Morales por el resto de su vida bajo el cargo de diferentes delitos.

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Dicho esto, se acusó al ex mandatario organizar desde el exilio movilizaciones contra el Gobierno de facto. Como respuesta, el ex presidente denunció a través de Twitter al gobierno de facto «por crear un montaje con intención de hacerme un juicio internacional».

Este lunes también fue detenida Deisi Choque, excandidata del MAS, cuando daba una entrevista en su casa e irrumpieron fuerzas de seguridad y se la lelvaron frente a las cámaras.

El ex presidente de Bolivia Evo Morales, quien renunció a su cargo el pasado 10 de noviembre al ser presionado por las Fuerzas Armadas, denuncio a través de su cuenta de Twitter la persecución de los líderes del MAS y la adjudicó a que la oposición «sabe que está derrotada» electoralmente.

«La minoría fascista de Bolivia judicializa a nuestros líderes más destacados porque electoralmente saben que están derrotados. Llegaron al poder por traidores y manipuladores, no son la mayoría. El pueblo les juzgará», expresó Morales desde México, país donde reside en calidad de asilado político.

Evo Morales y el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, fueron obligados a renunciar a sus cargos acusados de haber cometido fraude en las pasadas elecciones del 20 de octubre.

Ambos funcionarios dejaron sus puestos con el objetivo de que en el país no haya disturbios ni se ataque a los ciudadanos. Sin embargo, en poco más de quince días, el gobierno de facto de Bolivia ya lleva más de 30 muertos y miles de heridos y detenidos.