Ecuador declara estado de excepción por protestas contra subsidio al combustible y proyecto minero

En medio de un creciente descontento social, el presidente Daniel Noboa dispuso esta medida en siete provincias del país, en respuesta a las protestas por el aumento del precio del combustible y la defensa del agua frente al proyecto minero Loma Larga. La resolución se extenderá por 60 días y suspende la libertad de reunión.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un estado de excepción en siete provincias del país debido a las protestas que desataron en rechazo al fin del subsidio al diésel y a la polémica implementación del proyecto minero Loma Larga, que amenaza las fuentes de agua en Cuenca. La medida, que incluye la suspensión de la libertad de reunión y se extenderá por 60 días, busca controlar los bloqueos en las principales vías de acceso y mitigar el impacto de las movilizaciones sobre la economía nacional.

El conflicto comenzó tras la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, lo que provocó un aumento del precio del combustible, pasando de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La medida fue percibida como un golpe al bolsillo de los trabajadores y estudiantes, sectores organizaron protestas en diversas regiones.

Sin embargo, el presidente Noboa justificó la declaración del estado de excepción señalando que los bloqueos causaron «complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos» y afectado gravemente el «libre tránsito de las personas», ocasionando la paralización de varios sectores clave para la economía ecuatoriana.

La marcha en defensa del agua y en contra del proyecto minero Loma Larga ⛏️ ha provocado una masiva asistencia de personas en Cuenca, este 16 de septiembre. Detalles ???? https://t.co/sfd0g0VD7I pic.twitter.com/j5S9F7LeRb

— La Hora Ecuador (@lahoraecuador) September 16, 2025

Sin embargo, más allá del aumento de precios, otro de los focos de tensión es el proyecto minero Loma Larga, que se desarrolla en las cercanías del Área de Recreación Quimsacocha, en la provincia de Azuay.

Las comunidades de la región, encabezadas por organizaciones sociales, lanzaron un fuerte rechazo, aduciendo que la minería pone en peligro las fuentes de agua esenciales para la población local. La consigna“¡Quimsacocha no se toca!” resuena en las protestas, que este 16 de septiembre convocaron a miles de personas en Cuenca, incluyendo niños, jóvenes y adultos mayores.

Por otro lado, las autoridades locales, como el Concejo Cantonal de Cuenca y el alcalde Cristian Zamora, demostraron un respaldo unánime a la marcha en defensa del agua. A su vez, tres universidades de la ciudad suspendieron clases para que sus estudiantes pudieran participar en la manifestación.

Además, organizaciones nacionales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se sumaron al rechazo tanto al alza del precio del diésel como al proyecto minero, generando un panorama de creciente movilización social.

Este clima de tensión social recuerda las protestas de los gobiernos anteriores, cuando los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso también enfrentaron violentas manifestaciones, principalmente lideradas por la Conaie, en rechazo a la subida de los combustibles.

En este contexto, el presidente Noboa tuvo que recurrir al uso de la fuerza pública, facultada por el decreto de excepción para disolver reuniones y evitar nuevos bloqueos, generando voces críticas sobre el uso de medidas autoritarias ante un descontento que, según muchos analistas, refleja un malestar más profundo sobre las políticas gubernamentales y la gestión de los recursos naturales en el país.

A medida que las protestas se intensifican, la sociedad ecuatoriana se encuentra dividida entre quienes apoyan las medidas del gobierno y quienes defienden el derecho al agua y la justicia social, dejando en claro que el futuro de las políticas mineras y energéticas en Ecuador podría estar en juego.