Al menos 13 personas heridas y dos detenidas dejó el viernes una protesta contra la minería en Las Naves, localidad del centro andino de Ecuador, donde opera una empresa con capital de la canadiense Adventus Mining, informaron autoridades y manifestantes.

«Personal policial sin provocación alguna fue atacado por personas con actitud agresiva que se oponen a la consulta ambiental; producto de este hecho violento resultaron tres policías heridos y daños materiales», publicó la Policía a través de Twitter. Agregó que una «turba» lanzó un ataque con piedras, palos, bombas incendiarias y escopetas contra una unidad policial.

La Fiscalía reportó en la misma red social que «dos personas han sido detenidas por ser los presuntos responsables de causar daños materiales» a la instalación policial de la localidad de Las Naves, de unos 5.000 habitantes. La entidad acusadora añadió que solicitó apoyo policial «para reforzar la seguridad en la zona». La Policía dijo a su vez que la situación está bajo control y que «restableció el orden público».

Las personas se oponen a una consulta ambiental que debe realizarse para que la minera ecuatoriano-canadiense Curimining, que lleva 15 años en el área, siga desarrollando su proyecto de explotación de oro y cobre.

El denominado Frente Nacional Antiminero, del que hacen parte sectores indígenas, afirmó por medio de Twitter que hubo al menos dos personas detenidas y diez heridas en los choques con la Policía. Unos «300 miembros de la Policía de Ecuador disparan bombas lacrimógenas y piedras al pueblo: una adulta mayor tiene su tobillo fracturado por un piedrazo», agregó la fuente.

La producción minera a gran escala en Ecuador es rechazada por ambientalistas y sectores como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), que participó en protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005.

Junto a las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto, se realizará una consulta popular promovida por antimineros para resolver si se prohíbe o no la explotación de recursos en seis parroquias rurales de Quito.