Los ecuatorianos votaban este domingo las elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias marcadas por una ola de violencia criminal inusitada que incluyó el asesinato de un candidato y que se suma a una crisis institucional y económica. El asesinato de Fernando Villavicencio y otros ataques a postulantes y dirigentes marcaron el tono de la breve campaña, de por sí inédita por la decisión de Lasso de usar la llamada «muerte cruzada» y disolver la Asamblea Nacional.
El rostro de Villavicencio, un experiodista de centro que iba segundo en los sondeos antes de su asesinato, el 9 de agosto, aparecerá en las boletas junto a otros siete candidatos, pues ya estaban impresas cuando fue tiroteado por un sicario colombiano.
Lo reemplaza en la candidatura el periodista Zurita, su mejor amigo también amenazado y compañero en investigaciones que desnudaron escándalos de corrupción. Uno de ellos derivó en la condena a ocho años de cárcel del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), quien vive en el extranjero desde que dejó el poder.
A la violencia se suma una crisis institucional que tiene al país sin Congreso desde hace tres meses, cuando Lasso decidió disolverlo y llamar a elecciones anticipadas para esquivar la destitución en un juicio político por corrupción.
Casi 13 millones y medio de ciudadanos están habilitados a elegir, de entre ocho postulantes, a un presidente que complete el mandato del conservador Guillermo Lasso hasta 2025. «Es un momento decisivo para la patria», dijo, tras votar en el oeste de Ecuador, la candidata Luisa González, que encabezaba todas las encuestas más recientes pero no con el apoyo necesario como para evitar una segunda vuelta, el 15 de octubre.
González, del partido liderado por el expresidente Rafael Correa, ingresó al local de votación de la localidad rural de Canuto, donde creció, fuertemente custodiada por militares armados con fusiles que la acompañaron hasta la mesa donde sufragó.
El otrora pacífico país sudamericano se ha convertido en los últimos años en un centro de operaciones de carteles de droga extranjeros y locales que imponen un régimen de terror con matanzas en las calles y en las cárceles, con secuestros y extorsiones.
Unos 13,4 de los 18,3 millones de ecuatorianos deberán ejercer el voto obligatorio para elegir presidente y vicepresidente, así como a los 137 congresistas que completarán el actual período de cuatro años previsto hasta mayo de 2025. Las mesas, que abrieron a las 7 (las 9 en Argentina), cierran a las 17 (las 19 en Argentina).
Golpeado por una pobreza que llega al 27% en una economía dolarizada, con un cuarto de la población en trabajo informal o desempleada, Ecuador vivirá unos comicios enrarecidos por un estado de excepción que busca frenar la violencia.
Los ecuatorianos también votarán un histórico referendo para frenar la explotación de crudo en una parte del parque nacional amazónico Yasuní, cuando el mundo busca reducir los combustibles fósiles y mitigar el calentamiento global. Quienes viven en el cantón Quito, además, autorizarán o vetarán la explotación de minerales en bosques del Chocó Andino, en los alrededores de la capital.
