Los teléfonos de una docena de empleados del Departamento de Estado de Estados Unidos que desarrollaban sus labores en África también fueron objeto de espionaje con el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, informó la cadena CNN.
Según el medio, que cita a dos fuentes cercanas al asunto, el Departamento de Estado ya investiga quién pudo haber tenido acceso a los materiales sustraídos de los teléfonos y cómo pudieron ser pirateados. También están en contacto con Apple, fabricante de los teléfonos en cuestión.
El Departamento de Estado no confirmó la noticia pero indicó que «se toma en serio la responsabilidad de proteger su información y continuamente lleva a cabo acciones para asegurarse de que está protegida».
Por su parte, un vocero de la empresa NSO indicó que una vez que la compañía tuvo conocimiento del incidente, «decidió interrumpir inmediatamente el acceso de los clientes pertinentes al sistema, debido a la gravedad de las acusaciones», según recogió la agencia de noticias Europa Press.
La misma fuente aseguró que la empresa está lista para cooperar con cualquier autoridad gubernamental relevante y que le proporcionará toda la información que posee.
El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, saltó a escena en agosto pasado cuando una investigación del diario estadounidense The Washington Post reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software.
Entre los usuarios de esos teléfonos hay periodistas, activistas y empresarios.
Entre los líderes políticos cuyas comunicaciones fueron intervenidas figuran el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando gobernaba su antecesor, Enrique Peña Nieto.
Asimismo, el rey de Marruecos, Mohamed VI y su entorno, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, figuran en la lista de posibles objetivos del programa informático.
El software Pegasus de NSO se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles con motivos de seguridad, pero Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se usó para otros fines por parte de Gobiernos.
