Nicaragua prohibió el ingreso de siete diplomáticos que buscaban impulsar un diálogo con el Gobierno ante la crisis del país, entre ellos el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general del organismo, Luis Almagro, según trascendió a la prensa.
Trujillo, Koncke y otros cinco diplomáticos tenían previsto viajar a Nicaragua para intentar dialogar con el presidente Daniel Ortega y buscar una salida a la crisis que comenzó el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.
Parte de los diplomáticos a los que se les vetó el ingreso al país integran una comisión creada a finales de agosto por la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene un plazo de 75 días para intentar negociar con Ortega.
Si esa comisión fracasa y Ortega se niega a dialogar, la OEA podría suspender a Nicaragua, la mayor forma de sanción que tiene la organización y que, en 70 años de historia, solo ha usado en dos ocasiones: con Honduras, en 2009, después del golpe de Estado; y con Cuba tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, en 1959.
La comisión está integrada por Trujillo y otros cuatro miembros: el subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Exteriores de Argentina, Leopoldo Francisco Sahores; la representante de Panamá en la OEA, Elisa Ruiz Díaz; así como Sébastien Sigouin, responsable de Centroamérica en el ministerio de Exteriores de Canadá; y la embajadora ante la OEA de Jamaica, Audrey Marks.
Los diplomáticos tienen a partir de hoy prohibido entrar en el país centroamericano, según aparece en un documento de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua, al que accedió Efe.
La Dirección General de Migración y Extranjería notificó a nueve aerolíneas, incluida la panameña Copa Airlines y las estadounidenses Delta, United y Spirit, para que no permitan que ninguno de los diplomáticos se suban a sus aviones para viajar a Nicaragua.
El Gobierno de Ortega se ha negado en repetidas ocasiones a reconocer la legitimidad de la comisión creada por la OEA, que considera un instrumento de «injerencia» por parte de Washington.
Ortega considera que las protestas que estallaron el 18 de abril son un «golpe de Estado» y reconoce solo 200 víctimas mortales. Algunos organismos locales cuentan hasta 595, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 328.
