Durante la ceremonia de reapertura de la planta termoeléctrica estatal a carbón “José López Portillo”, en Nava, Coahuila, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, advirtió a los intereses energéticos extranjeros, tanto del petróleo, gas como de las “renovables”, así como a sus cabilderos en el Congreso de Estados Unidos, que México “no va a retroceder ni un paso” de la reconstrucción de las compañías estatales de petróleo y electricidad que fueron desmanteladas en las décadas de saqueo neoliberal.

López Obrador se refirió a una carta que le mandó al Presidente Trump un grupo bipartidista de 6 senadores y 37 representantes estadounidenses, donde le piden al gobierno de Trump que tome medidas para impedir que el gobierno mexicano implemente programas que “amenazan el acceso de las compañías energéticas estadounidenses a las inversiones y al mercado” en México. La carta sugiere que le podrían poner sanciones a México por “violar y contradecir el espíritu, si no la letra, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.

Estos congresistas se oponen a las medidas que ha tomado el gobierno de México para dar marcha atrás a la mentada Reforma Energética Mexicana de 2014, bajo la cual México, que es rico en petróleo, se convirtió en un importador neto de gasolina y de otros productos refinados. Los legisladores estadounidenses admiten que México es ahora “el mayor mercado de exportación para los productos petroleros estadounidenses y un mercado creciente para las exportaciones de gas natural”, como resultado de esa reforma.

Para empezar, López Obrador les recordó a los legisladores que la política energética de México no está incluida en el T-MEC, porque él se negó a que se incluyera. Luego explicó cómo es que los gobiernos anteriores redujeron drásticamente la electricidad que generaban las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o las cerraron por completo (como el complejo termoeléctrico José López Portillo), para crearle las condiciones favorables a los intereses privados que se les permitió participar en el mercado de la electricidad, y que pusieron el precio que quisieron a las tarifas eléctricas.

Esa política, explicó López Obrador, lleva consigo “otro sofisma, el de la energía limpia”, bajo el cual las plantas de la CFE fueron cerradas por el supuesto de que eran viejas y que contaminaban, con lo cual se les dejó el campo abierto a los inversionistas extranjeros para invertir en la generación eléctrica con gas, von viento y energía solar, lo cual estaba “subsidiado” por la nación.

“¿Cuál es entonces el papel del gobierno?. ¿Proteger los intereses privados? ¡No! … Repsol [de España] no me paga; me pagan los mexicanos para que los sirva, y por lo tanto tengo que defender el interés público, no el interés privado”.

“No vamos a violar ningún contrato que se haya firmado”, dijo el Presidente López Obrador. Pero, señaló, dentro de los parámetros legales disponibles bajo las leyes, el gobierno le va a dar preferencia a la CFE y a la empresa petrolera estatal, PEMEX, porque esa es la única forma de satisfacer mi compromiso de campaña para detener el aumento constante de los precios de la gasolina, el diesel y la electricidad que originó la “reforma”. Para concluir lanzó una advertencia: si eso no se puede hacer sin cambiar la “reforma”, propondrá una reforma constitucional para poder hacerlo.