El gobierno de Cataluña informó que 844 personas resultaron heridas en los disturbios registrados hoy en el contexto del referendo de secesión de esa región, que se realizó pese a haber sido prohibido por la justicia de España, y que dejó también al menos seis detenidos.

La nueva cantidad de víctimas, que en los primeros reportes había aumentado de menos de 500 a 761, fue informada por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de la Generalitat, el gobierno de Cataluña, que aclaró que esa nómina incluye a los que sufrieron lesiones físicas, ataques de ansiedad e irritaciones por los gases.

El vocero del gobierno catalán, Jordi Turull, atribuyó los heridos a “la violencia policial del Estado” español y aconsejó a las víctimas que acudieran a hospitales para obtener certificados con los que pudieran formular denuncias ante los Mossos d’Esquadra (policía catalana).

En tanto, el Ministerio del Interior español reportó que 19 policías y 14 guardias civiles fueron heridos al intervenir para retirar urnas e impedir la celebración del referendo, y que seis personas -una de ellas, menor de edad- fueron detenidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil por “resistencia, desobediencia y atentado a los agentes de seguridad”.

Dos de los heridos estaban en estado grave esta noche. Se trata de un hombre que fue operado tras recibir un golpe en un ojo con una pelota de goma, y de otro, de 70 años, que sufrió un infarto cuando la Policía desalojaba un centro de votación en Lleida.

Entre los lesionados figura el alcalde del municipio Dosrius, Marc Bosch, quien fue hospitalizado con contusiones pero estaba fuera de peligro.

Por su parte, el consejero (ministro) de Relaciones Exteriores de Cataluña, Raül Romeva i Rueda, que también participó de la conferencia de prensa, informó que se iniciaron contactos con la Unión Europea «por vulneración de derechos fundamentales que ponen en riesgo» al bloque comunitario.

«Volvemos a hacer llamada a instituciones europeas a expresar condena por la violencia que están sufriendo ciudadanos europeos», apuntó.

En el polideportivo donde debía votar el presidente catalán Carles Puigdemont, en la localidad de Sant Julià de Ramis, la Guardia Civil montó un cordón para impedir el acceso a decenas de personas que los increpaban, constató la AFP.

Los agentes forzaron la puerta y se desplegaron dentro para incautar el material electoral, ante un grupo de personas que puño en alto cantaban Els Segadors, el himno catalán.

El independentista Puigdemont tuvo por ello que votar en otro centro, en el pueblo de Cornellà del Terri, a pocos kilómetros de distancia en la misma provincia de Gerona, indicó el gobierno catalán. También votó su vicepresidente, Oriol Junqueras.

En el colegio Ramón Llull, en Barcelona, los agentes de la policía forzaron primero la verja y luego la puerta de cristal del edificio, en medio de decenas de personas que se precipitaron para intentar cerrarles el paso.

Finalmente, los policías se llevaron una urna y bolsas de plástico con material electoral, mientras la gente les gritaba «¡Votaremos!» y «¡Las calles serán siempre nuestras!», constató la AFP.

«Se han llevado las urnas por la fuerza, porque los presidentes de las mesas agarraban las urnas con las dos manos y se las arrancaban literalmente de las manos mientras nosotros seguíamos cantando Els Segadors y gritando Viva la Democracia», explicó el apoderado de este colegio, Marc Carrasco.

Pese a toda esta situación, el gobierno catalán afirmaba en un tuit que su compromiso «era y es hacer todo lo posible para que los catalanes puedan votar hoy». En total, 5,3 millones de catalanes estaban llamados a votar.

Desde cuatro horas antes del comienzo del voto, miles de ciudadanos, en Gerona, Barcelona, Lérida o Tarragona habían empezado a reunirse pacíficamente ante los centros de votación, para intentar protegerlos del cierre y desalojo ordenado por una jueza.

«En Cataluña estamos en el punto que creemos que es esencial decidir si continuamos con el Estado español», decía a la AFP Pau Valls, universitario de 18 años que acampó la noche anterior ante el colegio Jaume Balmes en el centro de Barcelona.

 

Años de tensión

El referéndum de este domingo culmina años de creciente tensión entre el gobierno de esta región de 7,5 millones de habitantes y Madrid. Aunque dividida sobre la cuestión de la secesión, la sociedad catalana reclama ampliamente esta consulta, rechazada por el gobierno español de Mariano Rajoy, que la considera anticonstitucional.

Desde su convocatoria a principios de septiembre, rápidamente suspendida por el Tribunal Constitucional, la justicia y el gobierno españoles emplearon todos sus recursos para impedirla, sin conseguir laminar la determinación de Puigdemont, presidente regional desde 2016.

«Por más rechazo que el gobierno español ejerza, esto no nos envía a casa», advirtió en la víspera en una entrevista a la AFP.

Los dirigentes regionales designaron más de 2.300 espacios como puntos de votación: escuelas, residencias de ancianos, centros sanitarios o museos, algunos ocupados desde el mismo viernes por ciudadanos dispuestos a mantenerlos abiertos hasta el momento de la votación.

El cierre y desalojo ordenado por la justicia debían aplicarlo los Mossos dEsquadra, la policía regional dependiente del ejecutivo catalán, que tiene instrucciones de sus mandos de no aplicar la violencia.

Anticipando estos recelos del cuerpo catalán, el ministerio del Interior desplegó en la región a unos 10.000 refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En las últimas semanas, estos cuerpos policiales pusieron en aprietos la logística de la votación incautando abundante material electoral, cerrando webs informativas o bloqueando los sistemas informáticos de recuento de votos del ejecutivo regional.

 

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