En medio de rebeliones y protestas de los musulmanes, la prohibición del uso de todo tipo de prenda que oculte el rostro -burkas, nikabs, pasamontañas- en espacios públicos entrará en vigor mañana en Holanda, que se suma a Dinamarca, Francia, Austria y Bélgica, donde ya rige la restricción.

La norma define la prohibición como «parcial», y no «total», porque solo limita el uso de estas prendas en áreas públicas como escuelas, hospitales, transporte público y edificios gubernamentales.

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Los pañuelos islamistas, que no cubren la cara de la mujer, no están incluidos en esta nueva ley, que estaba previsto entrara en vigor a principios de julio, pero su aplicación fue aplazada luego de que varias escuelas lo solicitaran para no complicar el final del ciclo lectivo ni provocar tensiones con quienes utilizan este atavío islámico.

La controvertida norma, aprobada en 2016 por los diputados y en 2018 por los senadores, sin embargo, genera aún dudas por el modo en que se exigirá su cumplimiento.

Por lo pronto, su desconocimiento está penado con una multa de 150 euros, así como están exceptuados quienes lo requieran para la protección del cuerpo por cuestiones de salud, seguridad, deporte o trabajo.

En los autobuses o trenes estará prohibida la entrada de una persona que lleve el rostro oculto, pero los conductores no están autorizados a hacer cumplir la ley, por lo que las empresas de transporte aclararon que informarán a los pasajeros de la prohibición pero evitarán cualquier tipo de choque con ellos, ni detendrán el vehículo mientras llega la policía.

La Policía, tras consultas con el Gobierno de La Haya, indicó en una nota que no irá «tras un colectivo en movimiento donde una persona está infringiendo la ley cubriéndose la cara» y recordó que entrar en comisaría con un burka o un pasamontañas es «incumplir la norma».

Ante la confusión y las protestas un portavoz del Ministerio holandés del Interior aseguró que seguirán hablando con las autoridades competentes «para discutir la implementación» de la ley y subrayó que «cuando hay una nueva norma, siempre hay dudas sobre cómo obligar a su cumplimiento.»

En tanto, la Federación Holandesa de Centros Médicos Universitarios rechazó la implementación de la ley por temores a que las mujeres con burka eviten la atención médica si no se les permite entrar en el centro y advirtió que los hospitales «no deberían encargarse de esta tarea (exigir el cumplimiento de la norma), que es responsabilidad de la Policía y el Poder Judicial».

La prohibición fue puesta en la agenda hace trece años por el político ultraderechista Geert Wilders, quien exigió una prohibición total del burka porque, según él, impide la integración de las mujeres en la vida social y laboral del país.

En respuesta a esta prohibición, el partido islamista de Rotterdam NIDA se ofreció a pagar las multas a las mujeres que opten por seguir usando esta prenda en espacios públicos, y alertó de que «la libertad de religión está en juego» y que la «norma conduce a la estigmatización y al aislamiento» de las mujeres que usan el velo integral.

Holanda sigue así los pasos que ya dieron Dinamarca, Francia, Austria, Letonia, Bulgaria y Bélgica, donde la prohibición se extiende incluso a las calles, una medida respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictaminó en 2014 que ese tipo de legislación «no viola las libertades religiosas».

En Alemania y Noruega también rige una prohibición parcial, circunscripta a funcionarias del Estado cuando deben relacionarse con el público.

En 2017, tras una apelación de tres musulmanes contra la legislación prohibitiva de Bélgica, el Tribunal declaró que la prohibición era «absolutamente legítima».