MIéRCOLES, 03 DE JUN.

Fiscal general de Brasil pide condenar a nueve militares y un policía por plan golpista que incluía asesinar a Lula

Paulo Gonet solicitó la condena de nueve miembros del Ejército y un agente de la Policía Federal acusados de integrar una organización que planeó un golpe de Estado en 2022. Según la denuncia, el complot contemplaba el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, pidió este martes la condena de nueve militares de élite y un policía federal involucrados en un plan golpista que habría intentado impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral de 2022. De acuerdo con la acusación, el grupo planeaba no solo la ruptura del orden constitucional, sino también el asesinato de las principales autoridades del país, entre ellas Lula, Alckmin y De Moraes.

Según la Procuraduría General de la República (PGR), los procesados actuaron en dos frentes: por un lado, presionaron a la cúpula de las Fuerzas Armadas para obtener apoyo al golpe encabezado por el entonces presidente Jair Bolsonaro; y, por otro, planificaron acciones de campo destinadas a provocar el caos institucional y la desestabilización social.

El operativo se enmarcaba en el plan denominado “Puñal Verde y Amarillo”, que incluía secuestros, detenciones e incluso asesinatos de altos funcionarios. Según Gonet, los acusados “utilizaron sus conocimientos técnicos y posiciones estratégicas para ejecutar operaciones destinadas a neutralizar a las autoridades democráticas”.

Además, el fiscal presentó grabaciones del agente de la Policía Federal Wladimir Matos Soares, en las que este admitía que su equipo estaba dispuesto a usar “fuerza letal” y que “mataría a medio mundo” con tal de impedir la asunción de Lula da Silva.

Los imputados forman parte del comando de inteligencia y acción rápida del Ejército, conocido como los “kids pretos” (“niños negros”), una unidad de élite. Entre ellos figuran el general retirado Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira y varios coroneles y tenientes coroneles, además del policía federal Soares.

El fiscal Gonet solicitó que los nueve militares sean condenados por cinco delitos, entre ellos tentativa de golpe de Estado y organización criminal armada. En el caso del teniente coronel Ronald Ferreira, pidió una condena menor por incitación al crimen, ya que habría tenido un papel secundario.

Hasta el momento, el Supremo Tribunal Federal (STF) ha condenado a 15 personas por el intento de golpe que buscó mantener a Bolsonaro en el poder tras su derrota electoral.

Cabe recordar que la semana pasada el STF ratificó la condena a 27 años y tres meses de prisión a Jair Bolsonaro por liderar la trama golpista, al rechazar su apelación. También se rechazaron los recursos de varios exfuncionarios de su gobierno, como Walter Braga Netto, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Alexandre Ramagem.

En paralelo, la Primera Sala del STF inició este martes la etapa de alegatos de la defensa de los diez acusados del Núcleo 3 de la causa. Durante su intervención, el abogado del general Theóphilo solicitó su absolución, alegando que el militar no tuvo relación con los intentos de golpe del 8 de enero de 2023 ni con las operaciones del grupo “niños negros”.

Según las investigaciones, Theóphilo se reunió tres veces con Bolsonaro a fines de 2022, encuentros en los que se habrían discutido posibles operaciones militares excepcionales, como la declaración del estado de sitio o el uso de las Operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO).

No obstante, su defensa sostiene que esas reuniones fueron conocidas y autorizadas por la cúpula del Ejército, incluido el entonces comandante Freire Gomes.

Por ahora, el juicio continúa con los alegatos de los demás acusados. Según el fiscal Gonet, las pruebas reunidas “revelan la disposición homicida y brutal de la organización criminal”, cuyo objetivo era neutralizar a las autoridades democráticas y forzar una ruptura institucional.

El proceso marca una nueva fase en la investigación del mayor intento de subversión democrática en Brasil desde 1964, y su desenlace podría definir el futuro político y judicial de varios exaliados de Bolsonaro.

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