El gobierno de Guatemala dio hoy por terminado el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un cuerpo adscrito a la ONU, y, desde la sede neoyorquina de Naciones Unidas, anunció que su mandato en el país centroamericano termina en 24 horas.

Después de tres días de tensión provocada por la detención de uno de los investigadores de la comisión en el aeropuerto internacional de Guatemala, la canciller Sandra Jovel viajó de manera sorpresiva a Estados Unidos, se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, y luego hizo el anuncio ante la prensa.

«En un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado por el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas», dijo la canciller en una conferencia de prensa, que fue transmitida de manera online por la ONU. «Espero que el secretario general respete la decisión soberana de Guatemala y la carta de la ONU en el respeto de los pueblos, ya sean estos grandes o pequeños», agregó Jovel, quien además aclaró que «los miembros de la comisión tendrán que abandonar el territorio» de ese país centroamericano.

Unas horas antes, el vocero de Guterres, Stephane Dujarric, había celebrado ante la prensa la liberación del investigador de la Cicig, detenido más de 24 horas en el aeropuerto de Guatemala, y se había mostrado optimista de llegar a un acuerdo con el gobierno de Jimmy Morales.

“No podemos predecir qué va a suceder, pero estamos contentos que se permitió el ingreso al país de Yilen Osorio y esperamos que el gobierno de Guatemala permita el ingreso de todo el personal de la comisión y su libertad de locomoción ya sea si ingresan al país o viajan por el territorio nacional”, aseguró Dujarric, citado por el diario guatemalteco Prensa Libre.

La Cicig fue instalada en 2007 para juzgar y condenar los casos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas públicas, pero con el tiempo terminó concentrándose en perseguir y desentrañar casos de corrupción en las máximas esferas del poder político y gubernamental del país.

Este año, el presidente Morales, un funcionario señalado por la propia comisión como sospecho de corrupción, declaró la guerra a la Cicig. En agosto pasado, anunció que no renovaría el mandato de la corte internacional: «Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito».

La Cicig fue clave en la victoria electoral de Morales en 2015 ya que fueron sus investigaciones por corrupción las que llevaron al anterior mandatario, Otto Pérez Molina, a renunciar.
Sin embargo, una vez en el poder, Morales y su círculo íntimo terminaron también acusados por la Comisión. Según la Cicig y el Ministerio Público, Morales recibió un financiamiento ilícito de dos millones de dólares durante su campaña presidencial. El delito fue confirmado y una docena de empresarios importantes reconocieron públicamente los sobornos y pidieron perdón.
Morales, lejos de renunciar, arremetió contra la Cicig y sus autoridades y comenzó una pulseada, que hoy volvió a escalar con un desafío abierto a la ONU desde su propia sede central y a una parte de la propia Justicia guatemalteca.

Horas antes del anuncio de la canciller, un juez de Guatemala había ordenado el procesamiento de los dos delegados de la oficina de migraciones que el sábado pasado impidieron el ingreso del investigador Cicig Osorio.

Los dos delegados quedaron en libertad bajo fianza, pero el juez dejó en claro que los funcionarios habían actuado en contra de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala.

El mes pasado la CC había otorgado un amparo al colombiano Osorio y a otros 10 miembros de la Cicig para que puedan renovar su visa y volver al país, tras ser expulsados por el gobierno de Morales unas semanas antes.