Hacer política en México, un trabajo de alto riesgo
La violencia política y la crisis de seguridad reaparecen con toda la fuerza como el principal desafío al gobierno mexicano. La amenaza sobre la clase política y los desafíos comunes a toda América Latina.
El pasado martes por la mañana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, debía encontrarse con su Secretaria particular y uno de sus más cercanos asesores en su lugar de trabajo, como todos los días. Ximena Guzmán y José Muñoz nunca llegarían: a plena luz de día, los interceptaron y los asesinaron a tiros, para luego escapar en una moto.
La noticia fue rápidamente comunicada a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras estaba por arrancar su Mañanera del Pueblo, la conferencia de prensa matutina que todos los días brinda, siguiendo el ejemplo de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Asesinato”:
Porque Claudia Sheinbaum, confirmó el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y de José Muñoz, asesor, ocurrido este martes en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. pic.twitter.com/wwrNhViVQY
— ¿por qué es tendencia? (@estendenciaensv) May 20, 2025
La presidenta mexicana tiene una popularidad e imagen positiva altísimas para la media regional, además de la posición hegemónica nacional de la que disfruta su partido-movimiento, MORENA, que gobierna 23 de los 32 entidades federativas que conforman los Estados Unidos Mexicanos. Maneja la agenda, marca el discurso con las mañaneras, y se muestra como la conductora del gobierno de la “Cuarta Transformación”, proyecto político impulsado por AMLO al inicio de su presidencia en 2018.
El asesinato de dos asesores próximos a Brugada, muy cercana y aliada de Sheinbaum en la capital del país, vuelve a poner el foco en el principal problema que México enfrenta día a día. La violencia ligada al narcotráfico es un mal endémico en el país, agravado por la capilaridad que el crimen organizado tiene en vastas estructuras del Estado y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se militarizó la seguridad interior y se le otorgó a los militares la responsabilidad de intervenir en el plano nacional contra las estructuras del narco. La medida fue utilizada como un golpe de efecto a partir de la acusación de fraude contra Calderón por parte de AMLO, su contendiente electoral de aquel entonces, y como parte de la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico”. Pero esta guerra, como en todos los lugares de nuestro continente en las que fue declarada, no fue ganada por el Estado.
Hoy, 20 años después, la situación es peor y las estructuras criminales se multiplicaron. En vez de negociar con dos organizaciones criminales, ahora son más de 50, y los efectos en materia de violaciones de derechos humanos y la muerte de cientos de miles de inocentes es un “daño colateral”.
Los homicidios de Guzmán y Muñoz a plena luz del día en una de las urbes más grandes y pobladas del mundo tienen un efecto político y narrativo muy fuerte. No es un caso de secuestro en un área rural que deja dos cuerpos en una ruta. Es un asesinato al estilo sicariato clásico en una avenida de la CDMX un martes a la mañana.
Si bien ninguna hipótesis fue confirmada, México vive un momento especialmente denso en materia de lucha contra el narco y de crisis de seguridad por la detención, hace casi un año, de Joaquín Guzmán López, el hijo del “Chapo”, y de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa. Ambos fueron detenidos por el FBI y la DEA en el lado estadounidense de la frontera, y se enfrentan a un juicio en Estados Unidos en el cual no se puede descartar de todo el uso excepcional de la pena de muerte.
No se puede confirmar el enlace entre los dos procesos, pero hay un patrón a seguir. En 2024, cuando Sheinbaum fue electa, México organizó la elección más grande de su historia: más de 100 millones de electores y aproximadamente 20.000 cargos de elección popular. En esa campaña, hubo 38 asesinatos de políticos que aspiraban a alguna candidatura.
En 2025, durante el primer trimestre del año, los políticos víctimas de homicidio ya suman la cifra de 50. El asunto del Mayo y el hijo del Chapo, sumado a los refuerzos en seguridad que Sheinbaum negocia permanentemente con Donald Trump desde que arrancó el año, es un factor a tener en cuenta a la hora de analizar el frenesí violento contra personalidades de la política. Sin ir más lejos, antes del homicidio doble del martes, hubo 4 asesinatos de personas ligadas a la política entre el 29 de abril y el 11 de mayo en el marco de la campaña electoral para las alcaldías de Veracruz.
#MañaneraDelPueblo ???? Detención del presunto asesino Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de #Texistepec, Veracruz
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana @OHarfuch, dió a conocer el arresto de Francisco Javier N. acusado de conspiración narcoterrorista. pic.twitter.com/e8mhxDxhsV
— El Soberano (@ElSoberanoMX) May 20, 2025
El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz toma notoriedad por el alto perfil de las víctimas, pero es una muestra más del estado de las cosas en un país que no puede resolver su crisis interna de seguridad. Ni siquiera paliarla. Ocupar un cargo en la administración pública es un trabajo de alto riesgo en México.
El fracaso de la “guerra contra el narco” y la fragmentación política que vive el continente son malas noticias, sobre todo porque es necesario idear estrategias para resolver un problema que es continental y transnacional. Hoy, países como Ecuador, y en menor medida, Chile y Uruguay -por poner algunos ejemplos-, atraviesan realidades muy complejas ligadas al accionar del crimen organizado cuando antes, a diferencia de México y Colombia, no era un problema grave. Son pruebas de cómo los tentáculos se expanden.
Tampoco es buen augurio que el discurso militarista de la mano dura esté tan de moda, dado que en ningún lado resolvió el problema. México es una clara muestra de eso. Cuando se le abre la puerta a las Fuerzas Armadas para actuar en seguridad interior, es muy difícil volver a cerrarla.
No importa qué tan progresista sea un gobierno. Solo hace falta ver lo que le pasó a AMLO, que prometía “abrazos y no balazos” y los militares pasaron a controlar, durante su gobierno, cada vez más áreas de la administración pública nacional, además de que al crecimiento del narco ahora se le suma desapariciones forzadas, violaciones de derechos humanos, casos de corrupción y connivencia con el crimen, y el surgimiento de nuevas actividades delictivas como la trata de personas o el secuestro.
La falta de responsabilidad para dar respuesta a estos problemas con el único objetivo de anunciar megacárceles y operativos cinematográficos que no resuelven el problema en absoluto, no ofrece un panorama optimista para las víctimas del crimen organizado. Víctimas que pueden estar ligadas a la política, como sucede en México o Ecuador, pero que en el resto de América Latina son los que habitan en las ciudades y las barriadas populares.