La fiscal general, Diana Salazar, procesó penalmente a 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Ina Papers o también conocido como Sinohydro. En la lista de imputados está el expresidente Lenín Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y dos cuñadas. Fiscalía pide prisión preventiva para Lenín Moreno por Ina Papers.
La formulación de cargos en contra de estas 37 personas se dio durante una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. La cita judicial arrancó este viernes 3 de marzo del 2023. Tras procesar penalmente a las 37 personas, la fiscal Salazar solicitó medidas cautelares en contra de los imputados para “garantizar su presencia en las siguientes etapas del proceso penal”.
Fiscalía pidió al juez Adrián Rojas que dicte prisión preventiva para todos los investigados, pues dijo que existe riesgo de fuga. La entidad detalló que 10 de los 37 procesados no se encuentran en el país.
Sin embargo, la fiscal dijo que se debe sustituir esa prisión preventiva por arresto domiciliario para 14 de 37 procesados, pues ellos tienen más de 65 años. Según la Constitución de Ecuador, a las personas de la tercera edad se les debe dictar arresto domiciliario y no prisión preventiva. Ese es el caso de Lenín Moreno, quien tiene 69 años.
El juez Rojas debe analizar si acepta o no los pedidos de prisión preventiva y arresto domiciliario solicitados por Fiscalía. El magistrado tomará una decisión luego de escuchar a los abogados de los procesados.
La acusación fiscal
En este caso se investiga un presunto entramado de corrupción relacionados con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Según la fiscal general, Diana Salazar, los 37 procesados supuestamente se beneficiaron con cerca de USD 76 millones en coimas. Las pesquisas señalan que las acciones ilícitas se habrían perpetrado entre 2009 y 2018.
“En esta presunta trama de corrupción, se descubrió que alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo- Sinclair, la empresa que se adjudicó el contrato habría pagado cerca de USD 76 millones, a través de transferencias, cheques y dádivas de manera irregular, para viabilizar la concesión del contrato”, indicó la Fiscalía.
La fiscal Salazar añadió que “la teoría del caso se basa en las personas que se beneficiaron de coimas a través de transferencias y cheques, utilizando el sistema financiero nacional y en el exterior”.
Además, dijo que “se ha logrado establecer que se entregaron 76 millones de dólares en coimas, a través de falsas figuras de representaciones legales y consultorías”.
