El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, ratificó este jueves por mayoría la anulación de todas las condenas y causas de la operación Lava Jato contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien quedó habilitado para participar de las elecciones de 2022, para las cuales aparece favorito en las encuestas.

Por ocho votos a tres, el STF votó a favor de ratificar la anulación de dos condenas por corrupción y otros dos procesos abiertos, por considerar que el ex juez Sérgio Moro, de la ciudad de Curitiba, era incompetente por jurisdicción para tratar los temas del expresidente.

El fallo ratifica lo determinado el 8 de marzo por el juez de la corte Edson Fachin, quien hizo lugar a un hábeas corpus de 2015 contra la competencia de Moro, ya que considera que los delitos por los que Lula estaba acusado no tienen vinculación con los desvíos de corrupción de Petrobras.

Esta votación obliga a que los procesos se cambien a San Pablo o Brasilia, pero le dan una dura derrota a la operación Lava Jato y a Moro.

La Sala II de la corte, el 9 de marzo, declaró a Moro parcial, pero esta situación puede ser revisada por el pleno el próximo jueves.

“La decisión no destruye la operación Lava Jato, es algo concreto con este caso”, dijo a los gritos Luis Fux, quien votó en contra de la anulación, un voto esperado porque siempre fue considerado un aliado férreo de Moro y de la cadena de notícias Globo, editorialmente a favor de que el proceso continuara.

Fux votó en contra al lado de Marco Aurelio Mello, el decano, y Kassio Nunes Marques, el juez puesto por Bolsonaro.

Fachin, considerado un lavajatista, anuló las causas por jurisdicción para intentar salvar a Moro del delito de parcialidad y lawfare.

Votaron a favor de la anulación Fachin, Carmen Lúcia Antunes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowksi, Alexandre de Moraes, Antonio Dias Toffoli, Luis Roberto Barroso y Rosa Weber.

La anulación de las sentencias dejó en evidencia que la jurisdicción de Curitiba de la operación Lava Jato en 2014 no tenía potestad para investigar a Lula.

El expresidente pasó 580 días preso por una condena a ocho años de cárcel que lo inhabilitó en 2018 a participar de las elecciones para las cuales era amplio favorito y que ganó el actual mandatario, Jair Bolsonaro.

Esta condena anulada indicaba que Lula recibió un departamento en la ciudad de Guarujá, San Pablo, como parte de una coima del a empresa OAS, contratista de Petrobras.

La segunda condena a 15 años de prisión vinculaba a Lula con las reformas pagadas por la empresa Odebrecht en una casa quinta en Atibaia, interior de San Pablo, frecuentada por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y propiedad de un sindicalista amigo.

Los procesos de Lula, sin vinculación con Petrobras, pueden prescribir o ser blanco de alguna acusación de improbidad administrativa.

El fallo se conoció cuando una encuesta de DataPoder del portal político Poder360 le adjudica 12 puntos de ventaja a Lula contra Bolsonaro en un eventual balotaje, de cara a los comicios del próximo año.

Desde los fallos de marzo, Lula inició un raid por los medios clamando por la vacunación contra el coronavirus y a favor de las cuarentenas, enfrentándose así al modelo elegido por el presidente Bolsonaro para hacer frente al colapso hospitalario.

“Yo lo que busco es un juicio justo, ellos sostuvieron una mentira todo el tiempo y en algún momento yo pensaba que iba a tener un juicio justo”, dijo Lula antes del fallo a Radio do Povo.

El ex presidente, de 75 años, no descarta presentarse a elección y ya comenzó a tejer alianzas para el próximo año.