Unos 6.000 agentes de la Guardia Nacional mexicana entrarán el próximo martes en operaciones en el sur del país para frenar el tránsito de inmigrantes desde Centraomérica hacia Estados Unidos, un compromiso que asumió el gobierno de Andrés López Obrador para sortear la amenaza de imposición de aranceles por parte de la Casa Blanca.

«Sobre el despliegue de la Guardia Nacional, estará concluido para el martes de la semana que entra (18 junio) porque se han tenido que hacer muchos esfuerzos para acelerar el paso», dijo en conferencia de prensa el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

La Guardia Nacional es un un cuerpo de seguridad creado por el Ejecutivo y formado por policías federales, militares y marinos. Iba a entrar en funciones el 30 de junio, pero el roce diplomático con Estados Unidos aceleró su despliegue en la frontera sur.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó la semana pasada con imponer de inmediato aranceles del 5 por ciento a los productos mexicanos, salvo que el gobierno de López Obrador se comprometiera a frenar el paso de inmigrantes centroamericanos.

Los aranceles iban a subir hasta el 25 por ciento si la Casa Blanca no observaba cambios en la situación.

La amenaza llevó a México a abrir febriles negociaciones en Washington, producto de las cuales se firmó un acuerdo y Trump aceptó no imponer por el momento los aranceles.

Pero México quedó obligado a tomar medidas excepcionales de control migratorio, entre las cuales figura el desplazamiento de estos 6.000 efectivos de la Guardia nacional.

Por otra parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y 32 organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el envío de agentes federales de Estados Unidos a Guatemala con el objetivo de frenar la migración hacia el norte.

En un comunicado reproducido por EFE, las organizaciones explicaron que se trata de un «esfuerzo de Estados Unidos de externalizar fronteras hacia Guatemala», que busca «prohibir a los migrantes centroamericanos ejercer su derecho a buscar protección internacional».

En mayo los Gobiernos de Guatemala y Estados Unidos firmaron un memorando de cooperación en el combate al crimen organizado que establece el envío de «agentes federales» para combatir estructuras de tráfico ilegal de personas, armas de fuego, así como al narcotráfico y lavado de dinero».

Sin embargo, la denuncia de las organizaciones no gubernamentales indica que el convenio no se ha hecho público.

«En lugar de militarizar la frontera México-Guatemala, los países de la región deben analizar la migración desde un enfoque humanitario basado en los derechos. Instamos a los Estados Unidos y Guatemala a detener inmediatamente los esfuerzos conjuntos para disuadir a las personas de buscar protección y hacer público el memorando de cooperación», destacó la organización.