La infanta Cristina, hermana del rey de España Felipe VI, deberá enfrentar un juicio oral por el caso de corrupción por el que se encuentra imputada, lo que la convierte en la primera integrante de la monarquía española en toda la historia a la que un escrito, saturado de ironía, convoca a sentarse en el banquillo de los acusados.
Así lo decidió el juez José Castro, quien ratificó hoy la apertura de juicio oral por delitos de fraude fiscal relacionados con la causa de su esposo, Iñaki Urdangarin, conocida como «Caso Nóos».
En un sarcástico estilo, el juez instructor usa entre otros argumentos la consigna de una campaña de «concienciación tributaria» en curso («lo que tú defraudas, lo pagamos todos»), para colocarse en defensor, como abogado del estado, de los ciudadanos que no pueden cuantificar el perjuicio que les representó la «picaresca fiscal», señaló la agencia Europa Press.
De este modo el magistrado incluyó como acusada a la hermana mayor del rey en el proceso que inicia esta semana en la localidad de Palma de Mallorca, y que investiga al Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidió Urdangarín y a la que aparentemente se desviaron 7,5 millones de dólares de fondos públicos entre 2004 y 2007, según informó la agencia de noticias EFE.
La infanta Cristina y su esposo crearon la sociedad Aizoon, que compartían al 50%, a la que -de acuerdo a la acusación- fueron desviados estos fondos ilícitos, defraudando así a la hacienda pública.
Al finalizar la instrucción el juez mantiene el criterio expresado en 2013 -cuando dictó la primera imputación contra la Infanta-, y desatiende las razones de los alegatos defensivos del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de la Abogacía del Estado y de los defensores de Cristina de Borbón.
Además de la infanta Cristina, otras 16 personas serán juzgadas por diferentes delitos en este proceso, entre ellas Urdangarín, el socio de éste, Diego Torres, su esposa y Jaume Matas, quien fue presidente del gobierno regional de las Islas baleares y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar.
El fiscal quiere una petición de pena máxima de 19 años y medio de prisión contra Urdangarín y una multa de 3,5 millones, para el ex presidente balear Matas la pena reclamada es de 11 años y para Diego Torres de 16 años.
El abogado de la Infanta, Miquel Roca, ya anunció que recurrirá la decisión judicial porque el auto «viene a contradecir una doctrina muy establecida y consolidada» -la «doctrina Botín»- que señala que si en un delito que alude al Estado no acusan la fiscalía y la abogacía estatal, éste no puede juzgarse.
La noticia sacudió a la Casa Real, que sin embargo expresó su «respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial», tras conocerse la decisión de la Justicia.
El pasado 7 de noviembre la Casa Real dijo que dejaba en manos de la Infanta la decisión de renunciar o no a sus derechos dinásticos. «Es una cuestión que le corresponde a ella», indicó en su momento un portavoz real, aludiendo a la Infanta, sexta en el orden sucesorio al trono de España.
Las fuentes consultadas se han remitido al comentario realizado en aquel momento por la Audiencia Provincial de Palma, que acordó mantener la imputación de la Infanta por dos delitos fiscales, pero no por blanqueo de capitales.
En abril de 2013, cuando el juez Castro la llamó a declarar en calidad de imputada por presunta complicidad con su esposo, la Casa Real expresó «sorpresa» y se quejó de haberse enterado por los medios de la decisión, aunque no olvidó manifestar su «máximo respeto» por las decisiones de los jueces.
Meses después, en enero de 2014, la institución tuvo una reacción más comedida cuando el instructor imputó a la Infanta un presunto delito de fiscal y otro de blanqueo de capitales.
El caso de la Infanta Cristina asestó un nuevo golpe a la monarquía española, ya en crisis de legitimidad hace años, una crisis potenciada además cuando el ex rey Juan Carlos fue sorprendido viajando a África a cazar una especie protegida a un costo estimado de 46.000 euros, en medio de la grave crisis económica que golpeaba al país.
En junio de este año, Juan Carlos abdicó al trono, en favor de Felipe VI.
Hoy, la Infanta no forma parte de la Familia Real, no participa -ni está previsto que lo haga- en actos oficiales y, por tanto, no recibe asignación alguna con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, si bien el Estado sí se ocupa de mantener su seguridad con la asignación de escoltas desplazados a Suiza.
Con la llegada al trono de Felipe VI, la Familia Real quedó limitada a los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía; Juan Carlos y Sofía.
Las hermanas de Felipe VI pasaron a ser familia del Rey, en lugar de Familia Real.
Cristina no estuvo presente el pasado junio ni en la firma solemne de la ley de abdicación de su padre, ni en los actos de proclamación de su hermano.
