La Justicia española emitió hoy una orden de detención europea y otra internacional contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro ex miembros de su gobierno destituido que se encuentran con él en Bélgica, lo que abre un nuevo frente en el conflicto de secesión de Cataluña.
Al cierre de una nueva jornada en el que la expectativa volvió a situarse en el terreno judicial, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela finalmente libró las órdenes de detención que había solicitado la Fiscalía contra Puigdemont, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret, después de que ayer ninguno de ellos se presentara a declarar en calidad de imputados por los graves delitos que se le imputan en relación a su plan secesionista.
La jueza, que rechazó el pedido de los cinco acusados de declarar por videoconferencia, emitió una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) dirigida a Bélgica y también una orden de busca y captura nacional e internacional a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol.
A los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, que figuran en la querella presentada por la Fiscalía contra todo el gobierno catalán destituido, Lamela sumó los cargos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricato.
La decisión llegó poco después de que Puigdemont dijera en una entrevista televisiva desde Bruselas que estaba «dispuesto a ser candidato» en los comicios convocados en Cataluña para el 21 de diciembre, incluso desde el extranjero».
Además, el líder secesionista, explicó que se encuentra en la capital belga para «preparar su defensa» y que desea comparecer ante la «verdadera justicia, la justicia belga» y no la justicia española que «evidentemente está politizada».
Bélgica deberá responder a la orden judicial, lo que llevará a la detención del ex presidente y sus ex consejeros -quienes se podrían entregar- y la apertura de un proceso de extradición, con un plazo máximo estipulado de 60 días.
El juez belga que llevará el caso es el único que tiene la postestad de decidir si los acusados quedan en libertad mientras de tramita el expediente, en el que analizará los argumentos jurídicos de la querella para resolver si los extradita.
Los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos por los que se investiga al ex gobierno catalán tras la declaración de independencia del pasado 27 de octubre conllevan penas de hasta 25 años de cárcel, según afirmó la resolución judicial de Lamela.
La jueza dictó ayer prisión sin fianza para ocho de los nueve miembros del gobierno catalán que acudieron a la citación, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras.
La excepción fue Santi Vila, para quien fijo prisión eludible con una fianza de 50.000 euros en efectivo. Cosa que hizo hoy y fue liberado de inmediato.
La jueza considera que Vila jugó un papel activo impulsando el proceso de secesión junto con el resto del gobierno catalán, pero a diferencia de los otros investigados, no aprecia un riesgo de reiteración delictiva ya que dimitió el día antes de la proclamación de la independencia, poniendo de manifiesto su «voluntad contraria» a la secesión.
«Estar privado de libertad es una situación muy extrema, desgarradora», dijo Vila a la prensa al abandonar la prisión madrileña de Estremera, donde calificó a la medida de prisión de «desproporcionada» y llamó a los partidos de España «con un sentimiento democrático» a que intercedan para poner fin a esta situación tan terrible que acaba con políticos encarcelados».
También le reclamó al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que «tome cartas en el asunto» porque, apuntó, esto «solo lo resolveremos desde la política».
La decisión judicial de enviar al depuesto gobierno catalán a prisión amenaza con dinamitar el intento del gobierno español de que los comicios sirvan para devolver la «normalidad» a la norteña región, inmersa en un conflicto de secesión que abrió la peor crisis política e institucional en 40 años de democracia en España.
Vila, quien representa al «sector moderado» del PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán), el mismo en el que milita Puigdemont, anunció que se presentará como candidato a las elecciones.
La gran incógnita es si su partido reeditará la coalición electoral con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), después de que su líder Oriol Junqueras apostara por ir separados.
La coordinadora del PDeCat, Marta Pascal, en cambio, abogó hoy por una «lista única» para reclamar la libertad del «gobierno encarcelado» y para que haya una «candidatura rotundamente en contra del gobierno de Mariano Rajoy».
En pleno reordenamiento de fuerzas, la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó excarcelar a los líderes de la ANC y Ominum, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, quien fueron enviados a prisión por un presunto delito de sedición, en relación a una investigación por el referéndum de secesión del 1 de octubre.
El tribunal consideró que Sánchez y Cuixart continúan alentado las manifestaciones pro secesión, mientras miles de manifestantes volvieron a salir a las calles hoy en Barcelona y otras ciudades de Cataluña para pedir por su libertad y la de los miembros del gobierno destituido entre gritos como «no es justicia, es una dictadura».
