La Policía de Estambul lanzó hoy un operativo para detener a 35 periodistas a los que la Fiscalía acusa de vínculos con la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, al que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan consigna como organizador del fallido golpe de Estado de julio de 2016.
«Me tienen en custodia», publicó hoy Burak Ekici, editor del diario opositor BirGün, en su cuenta de Twitter, en la que anunció su detención esta mañana.
La Fiscalía justifica la acusación argumentando que los periodistas usan supuestamente ByLock, una aplicación para móviles que cuenta con 215.000 usuarios en Turquía y que las autoridades afirman fue desarrollada para permitir una comunicación cifrada entre los miembros de la cofradía, informó la agencia de noticias EFE.
Según la Plataforma turca para el Periodismo Independiente, 164 periodistas permanecen en prisión en Turquía, en su mayoría detenidos en las miles de redadas lanzadas con posterioridad al intento golpista.
Hace 10 días se celebró la primera etapa del juicio contra 19 trabajadores del periódico turco Cumhuriyet, que enfrentan a penas de entre 8 y 43 años de cárcel.
La mayoría de los empleados de Cumhuriyet están acusados de «colaborar con organizaciones terroristas, sin ser miembro».
En el escrito de acusación se les atribuye a los acusados vínculos tanto con la guerrilla kurda como con grupos ultraizquierdistas y, sobre todo, con la cofradía de Gülen.
En la noche del 15 al 16 de julio del año pasado, unidades militares salieron a la calle y tomaron puntos estratégicos del país, como los dos puentes sobre el Bósforo en Estambul y los aeropuertos internacionales de esa ciudad y de Ankara.
Los golpistas bombardearon con cazas y helicópteros el palacio presidencial, el Parlamento y la Dirección de Seguridad en Ankara.
En Estambul, los militares abrieron fuego contra grupos de personas que salieron a manifestarse contra los golpistas.
La intentona fue sofocada y desde entonces, decenas de miles de presuntos miembros de la cofradía de Gülen fueron detenidos o destituidos, la mayoría de ellos miembros de las Fuerzas Armadas, la policía, la judicatura y la Universidad.
Desde el fallido golpe hasta ahora, las autoridades iniciaron una purga que incluyó alrededor de 100 mil despidos, de dependencias oficiales y privadas, entre los que se cuentan militares, jueces, policías, académicos, según un recuento realizado por la organización Amnistía Internacional (AI).
