El opositor Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, se impuso este domingo en el balotaje en Uruguay al obtener 1.168.019 votos, contra 1.139.353 de Daniel Martínez, del Frente Amplio, con el 100 por ciento de las mesas habilitadas.
No obstante, la Corte Electoral indicó que no se anunciaría el ganador hasta que se complete el escrutinio definitivo, debido a que la diferencia de poco más de 30 mil votos es similar a la cantidad de votos observados ( 35.229), que son los de las personas que por algún motivo no cumplieron con algunos requisitos para votar, pero a los que se les permitió sufragar.
Sin embargo se considera muy poco probable que el resultado se revierta, ya que para que eso suceda prácticamente todos los votos recurridos deberían favorecer a Martínez.
Lacalle Pou ganó con el 49 por ciento de los sufragios, contra el 47 de su oponente en un resultado muy ajustado.
El nuevo presidente asumirá el próximo primero de marzo para un mandato de cinco años tras una elección en la que votó el 90% de los habilitados, una cifra récord.
El ganador logró reunir en una alianza a todo el arco opositor, incluidos el liberal Partido Colorado, el derechista Cabildo Abierto, liderado por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos y el socialdemócrata Partido Independiente.
El Frente Amplio deja el poder tras tres períodos consecutivos, habiendo llegado al poder en 2005 de la mano del hoy mandatario Tabaré Vásquez, quién luego le dejó el lugar a Pepe Mujica.
El electo presidente, anunció que una vez que se confirme su triunfo, su primera decisión será enviar al Parlamento una «ley de urgente consideración» con la que pretende adoptar medidas rápidas en 90 días, buscando declarar la «emergencia» de seguridad, eliminar los pagos obligatorios por vía de entidades financieras introducidos por el Frente Amplio, y liberar la importación de combustible en un país donde una empresa estatal tiene el monopolio y los precios del carburante están entre los más altos del mundo.
Lacalle Pou planteó asimismo un ordenamiento de las cuentas públicas para controlar el déficit fiscal mediante ahorros de hasta 900 millones de dólares en el Estado.
