El Parlamento español volvió a tumbar este martes la creación de una comisión para investigar presuntos negocios turbios del rey emérito Juan Carlos I, gracias al voto contrario de los socialistas, pese a que la fiscalía del Tribunal Supremo le inició una causa al ex monarca para determinar si existen indicios de que haya cometido algún delito desde su abdicación en 2014.
Por cuarta vez este año, el Partido Socialista (Psoe) del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se desmarcó de sus socios de coalición, Unidas Podemos (UP), que reclaman una investigación parlamentaria sobre el padre del rey Felipe VI, quien presuntamente recibió coimas por la adjudicación a empresas españolas de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita.
«Hoy es un día desgraciado para el parlamentarismo y la democracia», aseguró el argentino Gerardo Pisarello, diputado de UP, luego de que la Mesa del Congreso de los Diputados rechazó la creación de la comisión con el voto contrario del Psoe, el conservador Partido Popular (PP) y los ultraderechistas de Vox.
Como en ocasiones anteriores, los socialistas justifican su posición diciendo que siguen el criterio marcado por los servicios jurídicos del Parlamento, que aseguran que la «inviolabilidad del ex jefe de Estado es permanente», más allá de su abdicación.
Con un criterio diferente, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció el pasado 8 de junio que iniciaba una investigación para determinar si Juan Carlos I, de 82 años, pudo haber cometido delito fiscal y de blanqueo en el momento que «dejó de estar protegido por la Constitución española», en junio de 2014.
A principios de marzo, la Fiscalía Anticorrupción había enviado una comisión rogatoria a Suiza tras conocer que la justicia del país helvético investigaba al monarca por haber recibido en 2008 una donación de 100 millones de dólares por parte del entorno del rey de Arabia Saudita, presuntamente por comisiones ilegales por la adjudicación a varias empresas españolas del «AVE del desierto», entre las ciudades sauditas de Medina y La Meca.
De acuerdo con la investigación suiza, parte de ese dinero, 65 millones de dólares, fueron transferidos a la empresaria alemana Corinna Larsen, quien en ese entonces mantenía una relación extramatrimonial con Juan Carlos de Borbón.
El Ministerio Público español considera que no puede investigar los hechos ocurridos en 2008, porque Juan Carlos I todavía era monarca, pero es posible hacerlo por delitos que pudieron producirse a partir de esa fecha, como puede ser fraude fiscal y blanqueo.
Tras este paso judicial inédito en la historia democrática española, UP, partido que lidera el vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias, así como los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos y otros minoritarios impulsaron de nuevo la creación de una comisión de investigación sobre las finanzas opacas del rey emérito.
Pero el único de estos partidos presente en la Mesa del Congreso es UP, que se quedó solo en la votación.
El vocero de los nacionalistas vascos del PNV, Aitor Esteban, denunció que la posición del Parlamento «entra en flagrante contradicción con la postura de la Fiscalía», y envía «una señal muy peligrosa y no aceptable en un país democrático».
En tanto, el escándalo en torno a la presunta corrupción que rodea a la monarquía genera fricciones al interior del gobierno de coalición, ya que UP mantiene su firme compromiso de «acabar con la opacidad» en torno a las finanzas del ex monarca, aunque deba restringirse al período posterior a los casi 40 años de su reinado.
