Plataforma política sobre cuerpos apilados

La última semana de octubre en Brasil fue un torbellino. Mientras Lula da Silva volvía de Asia, donde había anunciado sus intenciones de candidatearse en 2026 para buscar un cuarto mandato como Presidente, la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro arremetía en los Complejos (o favelas, como las conocemos acá) de Alemão y de Penha para realizar una operación contra el llamado Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más grandes de América Latina y la segunda en tamaño, recursos y poder en todo Brasil.

La operación policial ordenada por el Gobernador del Estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, dejó un saldo de 121 muertos -117 civiles y 4 policías-. De los casi 100 identificados, 40 vivían en otros Estados fuera de Río de Janeiro, lo que alimenta la hipótesis de un cónclave interestadual del CV que impulsó a Castro a ordenar el ataque.

Desde que se conocieron los hechos, Castro se refirió a los abatidos como “narcoterroristas”. Es un concepto que está bastante de moda, y que busca equiparar a los delincuentes, que suelen tener una motivación económica para la comisión de sus delitos, con los terroristas, que están motivados por razones ideológicas o religiosas. Obviamente, no fue Castro el mayor impulsor de este concepto sino Donald Trump, que justifica la monstruosa presencia de la Armada estadounidense en el Caribe por el accionar de estos narcoterroristas, a los que bombardea sin interrogar y asesina sin demostrar su culpabilidad. La pena de muerte funciona en algunos Estados y, aparentemente, en altamar

Existe hoy en la derecha latinoamericana una adopción general sobre los lineamientos discursivos que bajan desde el norte del continente. El mismo Flavio Bolsonaro (senador, hijo de Jair) habló hace algunos días de la necesidad de que la U.S. Navy se estacione en la Bahía de Guanabara y bombardee embarcaciones sospechosas de actividades ligadas al narcotráfico. Aproximadamente 10 días después, Castro hizo lo suyo y hoy estamos relatando la peor masacre en la historia de Brasil

La semana pasada hablábamos del mensaje que Lula le daba a la derecha brasileña con su candidatura. Con Jair Bolsonaro privado de su libertad e inhabilitado, el espectro conservador de Brasil no tiene, al menos por ahora, un candidato de consenso que pueda enfrentar a Lula en las elecciones presidenciales del año que viene, que sin duda serán las más importantes del 2026.

Con la acción contra el CV, parte del problema de la derecha está resuelto: será la seguridad y el narcotráfico el eje de la campaña, apoyado política y discursivamente por Washington. Con la masacre de Alemão y Penha, Castro asoma su cabeza como posible referencia para buscar el primus inter pares que se enfrente a Lula en 2026. Rápidamente, los otros posibles contendientes -la mayoría gobernadores, quienes fueron mencionados la semana pasada en este espacio- salieron a apoyar al Gobernador carioca y su operación policíaco-militar. Flavio Bolsonaro, fiel a su apellido, dijo que operaciones como esta son necesarias “todos los días”.

Castro habla de “narcoterrorismo” y de falta de apoyo del Gobierno Federal que conduce Lula, cuando no hubo pedidos oficiales por parte de Río a Brasilia para motorizar sostén logístico y militar. Algunos medios de Brasil, como Folha do São Paulo, plantean que el gobierno federal propuso mesas de coordinación con el Estado y no tuvo respuesta.

Río de Janeiro es la base del Comando Vermelho pero también es territorio donde ejercen su poder las milicias, estructuras ilegales vinculadas a las fuerzas de seguridad que están detrás de los delitos más comunes de las grandes urbes de Brasil. Las milicias son de la estructura criminal que asesinó a Marielle Franco en 2018, concejala de Río de Janeiro. Tienen un entendimiento con distintas organizaciones ligadas al narco y fueron parte de la base territorial que acompañó a Bolsonaro y su gobierno, motorizador de la venta irrestricta de armas como las que se vieron en el Complejo de Penha luego de la masacre del martes.

Por el contrario, en algunos casos los golpes contra el narco suelen ser más efectivos. En septiembre, sí hubo coordinación con agencias federales y en San Pablo se le propinó un golpe financiero importantísimo al Primer Comando de la Capital (PCC), la estructura criminal más grande de Brasil, de origen y base paulista. En esa operación contra los circuitos de lavado de dinero del PCC, el grupo sufrió un revés importantísimo y no hizo falta disparar un solo tiro. Pero el bolsonarismo no pudo sacar provecho de eso como sí lo hizo esta vez.

El diario El País entrevistó al Coordinador del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía, Pablo Nunes, quien dijo que no hay lucha contra el narcotráfico efectiva si no hay efectos sobre “toda la estructura criminal”. En ella se incluyen a los jóvenes pobres, los favelados que sirven como soldaditos de los capos narcos y que son los muertos apilados del martes, pero también son los financistas, los policías cómplices, los políticos que reciben recursos ilegales y los cabecillas criminales, que no viven en Alemao ni en Penha, sino que residen en Leblon o en Barra de Tijuca. Nadie entra a los tiros en esos barrios de la alta sociedad.

América Latina es el continente con más homicidios del mundo a pesar de ser una zona de paz entre países. Además de aquellos lugares donde el conflicto con organizaciones criminales es paisaje corriente y añejo, como México y Colombia, existen cada vez más países donde el problema del crimen organizado es un tema de primerísimo orden, como sucede en Perú, Ecuador, y en menor medida en Uruguay, Argentina, Bolivia y Chile.

La derecha discute seguridad porque lleva la ventaja en ese terreno. La situación descripta anteriormente aumenta la demanda de políticas de mano dura contra el crimen, más allá de que la “guerra contra las drogas” acumula 50 años de fracasos. En la otra cara de la moneda, los sectores populares o progresistas tienen numerosas dificultades para esgrimir un discurso unificado en sus criterios y claro para combatir la inseguridad. Y esto Lula lo sabe, incluso luego de algunas dudas en esta materia durante las últimas semanas, cuando habló de usuarios y soldaditos narcos como víctimas por igual. El Presidente luego se retractó de sus dichos. Lula, un tipo que suele ser firme en sus convicciones y definiciones, no termina de mostrar claridad sobre cómo abordar el tema. Una muestra cabal de las complicaciones de su espectro político para hablar sobre seguridad.

Es en ese marco donde la masacre de Río de Janeiro, la más mortífera de la historia de Brasil, le soluciona un tema de agendas a una derecha que estaba perdida en su praxis política y en su relato dados los aciertos de Lula y las sucesivas derrotas del bolsonarismo, en el Congreso, en la opinión pública y en los tribunales.

Como el Presidente sabe que no puede confrontar con la derecha en este tema, tendió puentes y mandó a su ministro de Justicia Ricardo Lewandowski a trabajar hombro con hombro con Castro, para explorar líneas de acción conjuntas sobre este tema. No obstante, todo el bolsonarismo ya está haciendo esfuerzos para responsabilizar a Lula de esta situación. Parecen olvidar que Jair Bolsonaro fue el gran responsable del riego de armas en todo Brasil, además de ser el autor de indultos nefastos como el de los policías de Carandiru, que hasta esta semana era la masacre más grave en la historia del accionar policial de Brasil, ocurrida en San Pablo en el año 1992.

En estos tiempos vivimos una crisis de seguridad ligada a la falta de horizonte posible para miles y miles de jóvenes en todo el continente. Pibes que buscan la plata fácil o la propia supervivencia a partir de su involucramiento con las estructuras criminales, que brindan contención e identidad en los lugares donde el Estado dejó de dar el presente hace tiempo. Además, el incremento del narcotráfico es imposible de entender sin las estructuras económicas y políticas que lo sostienen. Sin embargo, mientras unos reciben debido proceso y garantías constitucionales, los otros reciben tiros o directamente son bombardeados, como sucede en el Caribe, donde el presidente de Colombia denuncia que están masacrando pescadores, y no narcotraficantes.

Hay una línea discursiva clara de la derecha internacional que busca trazar una analogía entre narcotráfico y terrorismo cuando son fenómenos diferentes y que, si no son bien comprendidos ni bien administrados, encierran un peligro mayor. Basta con recordar la foto “a lo Bukele” que publicaron las fuerzas de seguridad de Santa Fe y que generó la peor crisis de seguridad que se recuerde en la ciudad de Rosario, en marzo del 2024. El propio Ministro de Seguridad salvadoreño identificó esta situación en estos términos.

Dicho esto, los sectores nacional-populares no están exentos de responsabilidades, ya que deben concebir una política de seguridad urgente, con lineamientos y propuestas claras, que sean viables y efectivas. De lo contrario, estaremos condenados a un retorno eterno a las recetas securitarias que ya fracasaron, pero por las que se vuelve a apostar una y otra vez.